La sociedad guatemalteca observa el debate que hay entre quienes quieren apresurar la salida de la doctora Claudia Paz y Paz y quienes creen que su período tiene que terminar a finales de este año. Al margen de consideraciones jurídicas, el telón de fondo para este debate es básicamente ideológico y por serios que sean los esfuerzos para disfrazarlo con ropaje del Estado de Derecho, salta a la vista que a la gente no le importa tanto lo que ha hecho o dejado de hacer la Fiscal General, sino que se van alineando los grupos de acuerdo a lo que cada quien piensa respecto al juicio por genocidio y la posterior condena, anulada por la Corte de Constitucionalidad, en contra del general Efraín Ríos Montt.

Es obvio que la firma de la paz no trajo reconciliación en el seno de la familia guatemalteca y que los viejos fantasmas del radicalismo e intolerancia que dieron lugar al conflicto armado interno, subyacen inmutables en el colectivo social. Cuando uno se pregunta qué quería decir Augusto Monterroso cuando escribió su afamado microrrelato, diciendo que “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”, basta ver nuestro momento actual para darnos cuenta que no hemos podido construir una sociedad tolerante, capaz de aceptar criterios diferentes y respetarlos aun cuando no se compartan, por lo que nuestros peores dinosaurios subsisten para impedir el debate serio y racional en busca de la vía que como país debemos tomar para hacer viable al Estado.
 
 Mucho más allá del debate por el genocidio y de las distancias ideológicas que puedan existir, tenemos la realidad lacerante de la impunidad como característica esencial de un Estado en donde ese irrespeto a la ley constituye el pilar para la operación de perversas prácticas corruptas que han convertido al sistema en un hervidero de trinquetes que pasan por alto, de manera absoluta, el interés del país, no digamos la necesidad de construir un auténtico Estado de Derecho que no permita a nadie, ni siquiera a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, acomodar las normas para imponer sus particulares intereses o compromisos.
 
 Fue tan evidente y de tal magnitud el problema que para el país representa la impunidad que hasta se logró el apoyo de las Naciones Unidas para experimentar en Guatemala con una comisión formada para luchar contra ese flagelo. El experimento está por terminar y el problema subsiste, como se puede demostrar ahora, porque la sociedad nunca hizo suyo el tema. Así como ocurrió con los Acuerdos de Paz, al guatemalteco en general le vino del norte la evidencia sobre nuestra realidad y cada quien siguió su ritmo sin asumir ningún compromiso. La impunidad es un asco, piensan muchos, pero tiene también ventajas porque es una puerta abierta para evitar responsabilidades.
 
 En la decisión que pretende descabezar al actual Ministerio Público y acabar con las acciones de la Fiscal General en el marco de la lucha contra la impunidad, se refleja la forma en que los poderes fácticos se han reagrupado tras los iniciales reveses sufridos por la influencia de CICIG y del MP. La falta de reacción de la sociedad, su eterna indiferencia, permite vaticinar la vuelta de los dinosaurios en el campo de la justicia y el fin de los sueños contra la impunidad.