Pero para los usuarios del transporte público, especialmente, para los dueños de celulares y quienes se conducen en vehí­culos particulares, el riesgo de un asalto mortal es permanente y refleja el fracaso del Estado en cumplir con el más esencial de sus fines, es decir, el de proveer seguridad a los habitantes de la República. Y no hay excusa que valga porque aunque los gobiernos anteriores hayan desmantelado la fuerza pública, el gobierno actual llegó al poder porque ofreció enfrentar el problema con inteligencia y el Presidente aseguró que le bastarí­an ocho meses para que la gente notara las diferencias. Diferencias, en efecto, hay, pero todas son para peor y ninguna sirve para reflejar la más mí­nima mejorí­a. La expresión de malestar de las ví­ctimas de la violencia no cuenta en medio del ajetreo que se trae el Gobierno con sus planes electorales en los que se acude a medidas de clientelismo polí­tico tanto a nivel urbano como rural, con la esperanza de que eso baste para sobrepasar el clamor de la ciudadaní­a por la seguridad y contra la violencia, temas en los que no tienen ni la más remota idea de cómo actuar para contener el avance de las bandas de delincuentes que operan con la más absoluta impunidad. Los asesinos que dispararon contra el hermano de la licenciada Monterroso seguramente agregaron una muesca más al arma sin temer, para nada, que les pueda caer el peso de la ley. Y ese clima de permanente inseguridad e impunidad alienta a los que selectivamente atacan a ví­ctimas para hacer aparecer el caso como resultado de la delincuencia común. Expresamos nuestro pésame a la licenciada Monterroso por la muerte de su hermano, abatido mientras viajaba en un bus en la ciudad de Guatemala, sumando su nombre a la tenebrosamente larga lista que se ha ido nutriendo con excesiva rapidez durante el mandato de ílvaro Colom, responsable directo de implementar polí­ticas para realizar el mandato constitucional de garantizar la seguridad a los guatemaltecos.