DESDE LA REDACCIí“N
A no muy pocas personas les generó escozor la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, sin embargo, dos años después esa percepción ha ido cambiada para bien de la búsqueda de un fortalecimiento del sistema de justicia nacional.
Uno de los argumentos que más sonaba cuando recién se buscaba la instalación de los investigadores extranjeros en el país era la aún idea colonialista de que vengan de fuera a resolver los problemas internos, y era colonialista porque se había confirmado al español Carlos Castresana para que viniera a dirigir la oficina avalada por las Naciones Unidas.
Ciertamente, la estructura jurídica nacional se encuentra caótica y genera un clima de impunidad que llega hasta la náusea, cabe señalar que los esfuerzos internos no han sido lo suficientemente fortalecidos como para tener la vigencia moral y negar la ayuda externa.
Castresana y su equipo no lo han tenido fácil. Tienen la experiencia de introducirse a un clima podrido en donde manda el señor dinero comprando voluntades de jueces, fiscales y de todo el aparato de seguridad y justicia.
En su discurso pronunciado ayer frente a un nutrido público, Castresana reconoció que «los aparatos clandestinos son una herencia maldita del conflicto armado que han sido imposibles de erradicar hasta la fecha; que están allí, que constituyen el cáncer de las instituciones que les impide prestar el servicio que los guatemaltecos merecen y necesitan».
Y es contra esos mismos aparatos que ha emprendido una lucha frontal. En dos años, -y por los dos más que le han extendido su mandato-, se ha dado a la tarea de montar un andamiaje legal en el que surja un sistema revestido de la fuerza suficiente como para cambiar la percepción de falta de justicia.
Lleva en sus carpetas 15 casos de alto impacto y en siete de ellos se ha convertido en querellante adhesivo; la CICIG también ha impulsado una serie de leyes e impulsado la depuración de la Policía Nacional Civil. Es decir, se ha introducido en distintos campos para establecer una encrucijada contra la impunidad.
Evidentemente, el señor comisionado no es un enviado del cielo para salvarnos de las llamas de la impunidad. Algunas de las críticas apuntan a qué pasará cuando venga el período post CICIG, es decir, que no se trabaja con entusiasmo en limpiar las instituciones otorgándole certeza a la población en que cuando los investigadores extranjeros se retiren, esa lucha continúe.
Hay que tener en cuenta que el señor comisionado y su equipo se encuentran de paso y llegará el momento en que su trabajo lo heredarán nuestras instituciones y si no se ha sabido comprender la dimensión de la impunidad las cosas volverán a ser las mismas.
El trabajo de la CICIG no sólo es resolver casos de alto impacto. Todos quisieran, por ejemplo, que fuesen ellos quienes esclarezcan, el crimen del abogado Rodrigo Rosenberg y los Musa o que ponga a luz pública el monstruo detrás de los crímenes de pilotos. Sin embargo, hay que recordar que la presencia de la comisión también es para presionar por hacer de nuestro actual sistema una estructura que nos devuelva la confianza y la tranquilidad.
Por algo Castresana reconoció que su compromiso es devolvernos la justicia. «Conseguir que los guatemaltecos pierdan el miedo, dejen el escepticismo y nos ayuden, porque el reto es monumental y un equipo de internacionales no lo va a conseguir solos». Habrá que poner de nuestra parte, entonces.
POR ESWIN QUIí‘í“NEZ
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