El Tribunal Supremo Electoral adelantó ya datos sobre una marcada reducción de los candidatos a puestos públicos que buscaron su inscripción este año con relación a los procesos electorales anteriores y mientras algunos lo atribuyen a los problemas con la Contraloría de Cuentas, donde funcionarios y personal recibieron amenazas de muerte provenientes sin duda de gente que no logró obtener su finiquito, yo pienso que es un fenómeno natural como resultado de lo que se ha encarecido hacer política en un medio donde todo gira alrededor del dinero.
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Aun aquellos líderes en sus comunidades, queridos y apreciados por una larga trayectoria de servicio, se ven rebasados por la insolente propaganda que es al final de cuentas el factor decisivo, porque careciendo de estructuras políticas organizadas y cimentadas en valores ideológicos y principios, el electorado se termina dejando llevar por esa abrumadora propaganda que al final de cuentas rinde sus frutos si se maneja con eficientes técnicas de mercadeo publicitario.
Desde 1985, cuando arrancamos con lo que estaba llamado a ser un período de transición a la verdadera democracia, hubo mucha gente que creyó que un buen plan, un buen discurso y la organización popular podrían ser suficientes para obtener buenos resultados, pero desde el principio hubo que empezar a competir con grupos que supieron combinar la política con el mercadeo y lo hicieron con eficiencia. Tanto que ahora, creo yo, nuestro sistema es mucho más mercado que política, pero esa terminó siendo la escogencia de nuestro pueblo.
En un pequeño municipio del interior del país cualquier dirigente local tiene que buscar el alero protector de un partido para tener opciones. Raro es el caso en el que un comité cívico puede triunfar frente a las maquinarias bien financiadas de los partidos. Pero para lograr una candidatura en un partido hace falta no sólo sufragar sus propios gastos, sino también aportar para la campaña del diputado y para la campaña del candidato presidencial, lo que hace que desde los aspirantes a concejales y síndicos, todos tengan que poner pisto para lograr un puesto.
Y así va la pirámide funcionando, por lo que en todos los niveles y en todas las regiones, tiene que irse reduciendo la cantidad de gente que puede comprometer su patrimonio en busca de un puesto de difícil acceso. Salvo aquellas fortunas mal habidas que se ponen al servicio del mejor postor y que constituyen una de las principales fuentes del financiamiento político en estos días.
La política es hoy un negocio más que una actividad de servicio para los intereses nacionales. Aquí un idealista que quiera meterse a hacer política para transformar al país, que decida que romperá los negocios de la corrupción y que pondrá fin a tanto trinquete que hay alrededor de la cosa pública, termina siendo un idiota que no entiende al sistema, que no se da cuenta que todo está diseñado para que se mantenga el latrocinio, el robo descarado que permite cada cuatro años a otros grupos surgir como los nuevos millonarios mediante el manejo habilidoso de los asuntos públicos.
Lo que ocurre ahora es que es tan alta la cuota para pedirse cartas, tan elevado el pago de piso de plaza para entrar al ruedo, que es natural la disminución de candidatos porque estamos hablando de sumas que no están en las ramas de los árboles y que obligan a cualquiera, desde un concejal a un presidente, a realizar negociaciones y pactos que les permitan ir consiguiendo aportes que nunca son gratis y que tienen que pagarse en caso de un eventual triunfo, lo cual significa que es un préstamo condicionado que se cubre con leoninos intereses cuando se tiene acceso a la llave de las arcas nacionales.