La Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas lanzaron la voz de alerta sobre la iniciativa de ley promovida por el mismo Gobierno para atraer inversión y generar empleo, porque estiman que de ser aprobada como fue propuesta vendrá una enorme caída en los ingresos tributarios del país. El asunto es que la iniciativa de ley contempla un amplio programa de exoneraciones fiscales para las empresas nuevas que traduzcan las inversiones en el necesario empleo para mejorar la condición de muchos guatemaltecos que no encuentran un trabajo digno que les permita vivir, y no sólo subsistir, razón por la cual seguimos haciendo de nuestra gente el principal producto de exportación de Guatemala.

Según el defensor de la iniciativa en el gobierno, el Ministro de Economía, es imperativo aprobar el paquete de incentivos fiscales que se basa en una política de amplia exoneración de impuestos, porque los otros países centroamericanos han emprendido esa ruta y de no hacerlo nosotros los capitales que podrían venir irán, sin remedio, a los países vecinos donde el inversionista podrá gozar del privilegio de no pagar tributos durante muchos años.
 
 La preocupación de Finanzas y la SAT, sin embargo, es resultado de la observancia del viejo aforismo que uso para titular esta columna, puesto que se ha detectado que la ley tiene suficientes agujeros como para que empresas ya constituidas y que están actualmente no sólo operando con muchos empleados sino pagando impuestos, podrían “mutar” para convertirse en “nuevas” entidades que serían beneficiadas por la ley de incentivos. Entre los empresarios hay algunos que piensan que si se otorgan incentivos para los nuevos, no hay razón para que los mismos no se apliquen también a los que desde hace tiempo han hecho fuerte inversiones y han sido generadores de puestos de trabajo en el país.
 
 Y como la ley permite con mucha facilidad la trampa, entonces resulta que ahora los diputados están en el dilema de cómo implementar candados para evitar que se pueda producir el descalabro financiero que afectaría al Estado mismo al quedarse sin un impresionante monto de ingresos fiscales como resultado de la ley que pretende incentivar la inversión y la generación de empleo.
 
 El asunto es que los candados son generalmente efímeros porque más se tarda la autoridad en diseñarlos que el ciudadano en encontrar el duplicado de la llave o la combinación de números para abrirlos. La experiencia demuestra que es prácticamente imposible atajar la inventiva particular cuando hay oportunidades tan importantes y significativas de lucro.
 
 Un gobierno tiene que adoptar políticas coherentes que sean ampliamente discutidas y acordadas tomando en cuenta el conjunto de los intereses nacionales. Hay un gabinete económico que tendría que haber sido el foro adecuado para el debate de una ley de esta naturaleza, pero evidentemente el tema fiscal no fue objeto de consideraciones y por ello la preocupación de quienes tienen la responsabilidad de recaudar tributos, lo que ahora deja a los diputados entre dos fuegos. El candado, como solución, es como quererle tapar el ojo al macho.