Cuando el Estado de Guatemala prestaba el servicio telefónico a los empresarios y público en general, los números de los aparatos jamás sufrían cambio alguno, por lo que no se ocasionaban problemas a los usuarios.
Sin embargo, al presente las cosas son otras como consecuencia de la privatización de las empresas estatales.
Casi todos los entes privatizados se encuentran en manos extranjeras y por ese motivo los servicios, que por cierto no son muy eficientes que se diga, vienen dando serios dolores de cabeza a los titulares de los respectivos derechos.
Tanto lo tarifario como los servicios de las empresas que pasaron al dominio de las compañías particulares, de capital total o predominantemente foráneo, hacen de las suyas contra el gran público usuario, quizá porque no sólo tratan de recuperar a velocidad supersónica el «pistarrajal» millonario invertido, sino pretenderán a la vez incrementar a más no poder los billetes…
Los guatemaltecos y, asimismo, las personas de otros lares que han sentado sus reales aquí, vienen sufriendo en carne propia lo que acontece desde que cambiaron de manos las empresas que figuraban en el patrimonio estatal. Los precios o tarifas han subido hasta con dudosos «excesos excesivos», valga lo pleonástico.
Pero hay algo más: En algunos sectores citadinos adonde ha sido extendido el servicio telefónico, por ejemplo, Telgua ha venido cambiando reiteradamente, con una periodicidad un tanto espaciada, los números de teléfonos, con lo cual causa perjuicios a toda la gente que tiene que mandar a imprimir papelería para satisfacer requisitos de información ante SAT famosa y, asimismo, ante otras dependencias burocráticas, incluso para encargar tarjetas de presentación.
Otra «vaina» atribuible a los cambios de los números telefónicos consiste en hacer, obligadamente, las modificaciones pertinentes en los datos registrados al efectuar depósitos en unidades del sistema bancario y en otros entes con los que frecuentemente hay que hacer contacto de conveniencia personal o empresarial.
La mencionada compañía telefónica debe evitar en todo lo posible seguir ocasionando problemas de todo tipo al público usuario de su servicio, el cual ?justo es decirlo? evidentemente ha mejorado en la extensión territorial como no ocurría cuando el papá Estado lo prestaba como a desgano y, aun, con pecados de corrupción.
En el marco de sus «innovaciones» arbitrarias, lesivas a la masa de usuarios, Telgua dispuso por sí y ante sí que el derecho al servicio telefónico (números tales o cuales) tenga un carácter de arriendo que puede ser dejado sin efecto en cualquier momento por falta de pago, por suspensión de uso durante tiempo indefinido, etcétera.
Destinto era el caso anterior a la privatización de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel), porque entonces lo usuarios del servicio telefónico eran amos y señores de por vida en lo que a los números de los teléfonos se refiere, no como ahora que son simples arrendatarios…