Es más fácil que alguien enfrente proceso por un homicidio culposo en el tránsito a que lo haga un asesino o un secuestrador de los que pululan en nuestro medio. Y el mensaje al final de cuentas es que en nuestro paí­s el crimen paga, porque quienes dedican su vida a cometer hechos antisociales pueden no sólo amasar fortuna sino que, en ciertos casos, hasta gozar de buena recepción en los grupos sociales. Los banqueros responsables de los más grandes fraudes del paí­s son recibidos con los brazos abiertos en cualquier reunión social porque su delito no recibe sanción social.

Viene todo lo anterior a cuento porque ahora que se está interpelando al Ministro de Gobernación hay que entender que la espiral de la violencia en Guatemala tiene factores especí­ficos que están relacionados con el aparato mismo de la justicia. Por supuesto que la Policí­a Nacional Civil está penetrada por el crimen organizado y muchos de sus agentes en vez de inspirar confianza dan miedo por razones contundentes y demostrables. Pero también es indispensable entrarle al problema conjunto de la impunidad y por ello es que en La Hora apostamos desde el principio al fortalecimiento de la CICIG porque entendemos que nuestros aparatos domésticos son insuficientes para permitirnos investigaciones a fondo, sobre todo en aquellos casos en los que los involucrados son los mismos que tienen sus tentáculos metidos hasta adentro en la PNC, en el Ministerio Público y en el mismo Organismo Judicial.

Hemos dicho hasta el cansancio que la impunidad en Guatemala no es casual sino que fue diseñada como parte de la guerra sucia que se libró en el paí­s. Para proteger a los agentes del Estado se crearon instrumentos que les garantizaban la no persecución penal y esos instrumentos siguieron intactos y pasaron a servir al crimen organizado, buena parte del cual se nutrió con los actores de la guerra. Hasta que no entendamos eso, difí­cil será superar las deficiencias y emprender la solución del tema de fondo que es el de la impunidad.