Sin embargo, creo importante que ahora mismo los ciudadanos nos ocupemos del tema polí­tico porque se está iniciando una tibia discusión sobre la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos y debemos enriquecerla con propuestas que sin duda no coincidirán con los puntos de vista de los dirigentes partidarios pero que pueden ser el cimiento de la creación de un verdadero sistema de partidos en el que los ciudadanos podamos canalizar nuestra participación en la vida nacional. Hoy en dí­a no existe estí­mulo alguno para formar parte de las organizaciones polí­ticas porque las mismas son entidades con dueño que responden únicamente a los intereses de los grupos dirigenciales para quienes la base partidaria no pasa de ser un requisito de ley y punto.

Cuando se habla de reformas electorales en el fragor de las contiendas debemos entender que es muy difí­cil lograr acuerdos nacionales porque prevalece el interés de cada uno de los grupos de cara a las elecciones. En cambio si ahora se plantea seriamente un proceso que vaya más allá de la simple reforma de leyes, para estructurar un nuevo sistema polí­tico que privilegie la democratización interna de las organizaciones y que ponga atención al tema crucial del financiamiento de las campañas, lo que aniquila la democracia porque la pone en manos y bajo control de quienes tienen capital para aportar dinero condicionando a los candidatos.

Una cosa va de la mano de la otra, porque mientras más débiles son las estructuras partidarias y menos importancia se da a la organización, mayor es la dependencia que se tiene de dinero para la propaganda y por ello es que al final de cuentas nuestra estructura actual fomenta un matrimonio de conveniencia entre una casta de polí­ticos corruptos y grupos de capital interesados en ejercer control de la vida nacional mediante el sometimiento de las autoridades como consecuencia de los compromisos de campaña.

Antes se tení­a por lo menos el prurito de ocultar esa dependencia, pero desde tiempos de Portillo, cuando se nombró a los hijos de su principal financista en importantes puestos de gobierno, pasando por el gobierno de Berger en donde sus financistas fueron «comisionados» de la Presidencia, hasta llegar a la actualidad cuando ya no hubo el menor recato para nombrar a los que dieron dinero durante la campaña para los puestos de mayor importancia del ejecutivo, evidentemente ya no se tiene pudor ni vergí¼enza y vamos de mal en peor porque la desfachatez se vuelve total.

Los ciudadanos nos damos cuenta de todo eso y terminamos siendo de alguna manera cómplices de la situación porque nuestra indiferencia y tolerancia es lo que alienta a los polí­ticos a que sigan con prácticas cuya inmoralidad salta a la vista. Los favores de campaña que se pagan con el acceso directo al poder constituyen la principal burla al sistema democrático y sobre eso tiene que legislarse si no queremos que el modelito truene de mala manera por la cada vez mayor influencia de los grupos de poder económico en las decisiones de interés nacional.