Sandino Asturias Valenzuela

Centro de Estudios de Guatemala (CEG)

Centro de Estudios Estratégicos para la Seguridad en Centroamérica (CEESC)

Guatemala se encuentra inmersa en una de las peores situaciones de violencia e inseguridad de los últimos años, de enero a agosto de este año, las muertes violentas ascienden a 3976, teniendo un promedio diario de 16.38 muertes violentas por dí­a, de éstas más de 300 son niños y niñas y 443 son mujeres. Agosto fue el mes más violento con 619 homicidios. La impunidad sigue en el 98% de los casos.

La violencia también se ha incrementado como parte de procesos desestabilizadores, todaví­a hay grupos que activan violencia para contribuir al fracaso polí­tico e institucional, a estos grupos habrá que capturar y procesar, son la prioridad de la CICIG.

Junto a esto existe una campaña de desinformación. Columnistas y medios transmiten mensajes para aumentar la polarización y confrontar ideológicamente a partir de los recientes nombramientos, distorsionando y manipulando la razón de éstos, intentando generar desestabilización. Esta campaña ha logrado rearticular grupos y mentalidades conservadoras y recalcitrantes que se reposicionan y ponen en riesgo la débil institucionalidad.

La CICIG ha hecho una serie de recomendaciones de reformas legales y reglamentarias que el Estado y la sociedad deben atender, estamos ante la oportunidad de recibir el apoyo técnico internacional calificado. Se deben apoyar decididamente estas reformas ya que representan una ruta de cambio a la realidad que enfrenta el paí­s, existe un abordaje integral, las propuestas van en temas medulares como reformas a la Ley de Armas y Municiones, Ley de Amparo, Ley de Antejuicios, Código Procesal Penal y Ley contra la Delincuencia Organizada.

Cambios importantes

Hay cambios importantes al frente de instituciones claves para la seguridad en el paí­s, la salida de sus cargos, de los hoy prófugos, Carlos Quintanilla y Gustavo Solano es un avance. La consolidación de Francisco Jiménez y su equipo al frente del Ministerio de Gobernación a cargo de la seguridad pública, Ricardo Marroquí­n dirigiendo la Secretarí­a de Asuntos Administrativos de Seguridad de la Presidencia (SAAS), a cargo de la seguridad presidencial. Se deben consolidar los recién nombrados, así­ las instituciones se fortalecen.

La destitución del fiscal General Juan Luis Florido y la llegada de José Amí­lcar Velázquez Zárate es una oportunidad que permitirá la implementación de una profunda reforma estructural urgente y necesaria para cambiar los niveles de impunidad en el paí­s.

Es el momento de aprobar la ley de armas y municiones, pero una ley restrictiva, que limite la portación de armas y municiones en manos de particulares, que el control del registro de las armas y las municiones, así­ como sus propietarios, pase a manos del Ministerio de Gobernación, esto permitirá que ese control sea efectivo y sirva en la investigación criminal a partir de la información de la huella balí­stica y la legalidad de estas funciones de control en manos de la institución civil facultada constitucionalmente.

Presupuesto militar

Autoridades han dicho que se incrementará en número de efectivos la fuerza militar, así­ como el presupuesto militar, esto es algo que se debe sopesar a la luz de las prioridades nacionales, las decisiones que se han tomado han producido un debilitamiento en la función del ejército en defensa del territorio nacional que se ha ido convirtiendo en una policí­a militarizada.

Uno de los mayores problemas que tiene Guatemala es el de la seguridad ciudadana, no son militares, creer que la respuesta militar es una respuesta efectiva a la inseguridad es un gran error, ya tenemos una larga experiencia de patrullajes conjuntos sin resultados, así­ como el monopolio de la inteligencia en manos militares y el saldo es negativo. Debe invertirse en las instituciones civiles de seguridad, en realidad necesitamos 3 mil nuevos investigadores criminales, bien capacitados o 20 mil nuevos PNC con cursos de calidad, eso sí­ es atender las prioridades de la problemática nacional.

La aprobación de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad es una gran oportunidad, el gobierno cuanto antes, debe implementar el Sistema Nacional de Seguridad, instalando el Consejo Nacional de Seguridad y su Secretaria Técnica. El CNS es el órgano rector de decisión polí­tica y responsable de la implementación de polí­ticas de seguridad, así­ como de aprobar la agenda nacional de seguridad, imprescindible para atender la situación de inseguridad del paí­s, así­ como enfrentar las presiones internacionales y planes de intervención, como la Iniciativa Mérida.

Estamos en un momento de decisiones claves para el futuro de Guatemala, hay que aprovechar el momento para iniciar un proceso de cambio, que las medidas que se vayan tomando integralmente vayan en la dirección de recuperar el respeto al derecho a la vida, que disminuyan los í­ndices de violencia e impunidad y que se fortalezcan las instituciones civiles de seguridad, para que sean capaces de enfrentar los retos y desafí­os que necesita la sociedad, con el respeto a los derechos humanos y una sociedad más justa y menos confrontada.