El Congreso está en la obligación de ser justo, correcto; urgentemente debe legislar y regularizar su situación como empleador.

Para el efecto, no basta con elaborar un diagnóstico sobre el número de empleados y crear un manual de procedimientos, eso es sólo entretener la nigua, más delicado aún es pretender que Manfredo Marroquín y su ONG Acción Ciudadana sean los que lo efectúen porque no son personas expertas o preparadas para hacerlo. En el país existen varias firmas de auditoría profesional que han hecho numerosos trabajos al respecto, desde hace años.

Dado el problema y las implicaciones que el mismo conlleva, por el gran abuso de puestos y salarios existentes que se ha venido conociendo a través de los medios de comunicación, donde por ejemplo se informa “…que la Contadora General del Congreso devenga Q52,158.81, más que el presidente del Congreso…” y otros ejemplos similares, el problema de esa superinflación salarial no puede resolverse dándole largas, deben tomarse acciones urgentemente que normalicen y adecúen el personal permanente, el número de asesores y el personal por contrato. Igual debe establecerse una escala salarial que sea justa y adecuada, para tal efecto tendrá que proponérsele al personal que aquellos que no estén de acuerdo se les indemnice conforme a la ley y así los que permanezcan encajen dentro de las escalas salariales procedentes. Mientras más tiempo se retarden, más oneroso será resolverlo.

El Congreso tiene la facultad de legislar, tanto en lo relativo a su Ley de Régimen Interior como en lo relativo a la Ley de Servicio Civil y al Código de Trabajo, aspectos que le permiten hacer que no se distorsione, que no se abuse en los términos y plazos del emplazamiento. Lo mismo debe hacer en relación a las normas del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, tanto para el sector público como en el sector privado. La ecuanimidad es paz social y la justicia para todos un ejemplo. Los abusos en puestos y salarios ofenden a la población, especialmente a la que se encuentra en pobreza o miseria.

Es necesario hacer público qué presidentes del Legislativo, qué juntas directivas o qué diputados del pasado y del presente produjeron estos nombramientos, que no sólo desprestigian al Congreso sino que además evidencian abusos e injusticias cuando se comprueba que el pago de impuestos es mal utilizado por el Organismo Legislativo, que tiene la obligación de representar a la ciudadanía y de fiscalizar en su nombre.

Sé que un buen número de trabajadores del Organismo Legislativo son personas eficientes y responsables, ante la crisis sabrán aceptar que se les fue la mano e igual que se está haciendo en España, Grecia, Francia e Italia, aceptarán un reacomodo, un reajuste que vuelva a la realidad las escalas salariales que deben de gozar los trabajadores en el Organismo Legislativo y así, con un sacrificio cortar los abusos y los vicios que han llevado a la actual situación que públicamente ha sido señalada por la diputada y vicepresidenta del Congreso, Nineth Montenegro.

Tanto la junta directiva del Congreso como los medios de comunicación tienen la responsabilidad de publicar las planillas, sueldos, puestos y nombres del personal del Organismo Legislativo,  lo que hará transparentes y viables los acuerdos. Si se quiere, se puede dejar claro qué presidentes, juntas directivas y diputados fomentaron ese desorden administrativo y salarial, de tal manera que la población y ante todo los electores sepan a quién responsabilizar por el mal uso de los impuestos y por las malas decisiones tomadas.