Cuando un empleador no respeta el pago de salarios mínimos o a sabiendas emplea a un menor de edad privándolo de ir a la escuela y prepararse para el futuro, comete una enorme injusticia que debería ser severamente multada y sancionada penalmente para que sea tal la coacción legal que sean pocos los que cometan semejante abuso y falta a los principios legales y éticos que todos deben respetar.

Cuando en el sector público se tiene empleados que no son necesarios, para beneficiar a alguien por razones partidarias o de otro tipo, se está cometiendo un abuso, un acto improcedente que afecta a todos los guatemaltecos que contribuyen económicamente a la existencia y funcionamiento del Estado.

Hecho similar es pagar salarios estatales arriba de los niveles que corresponde. Un conserje, por muy bueno que sea, le corresponde un salario máximo dos veces arriba del salario mínimo; una secretaria, aunque existen de diferentes niveles y capacidades, también tienen un salario derivado de sus responsabilidades y el mercado. Si a cualquier persona se le paga más allá de lo procedente se está abusando de los recursos públicos y creando una justificada crítica que debe ser sancionada.

En la década de los noventa fui electo diputado distrital en dos oportunidades. Desempeñé los cargos de jefe de bancada, presidente de comisión, primer vicepresidente del Congreso y presidente en funciones. En ninguna de estas responsabilidades que ejercí tenía más de una secretaria, un conserje y un profesional asesor. En la primera vicepresidencia tenía una secretaria, un asesor y un conserje. En el lapso de tiempo que fungí temporalmente como presidente, el despacho tenía asignados dos secretarias, un conserje y un asesor.

En esa década eran 116 diputados y el personal del Congreso, incluyendo asesores legislativos, técnicos y profesionales, secretarias, taquígrafas parlamentarias, conserjes y auxiliares no rebasaban 150 personas, las cuales indudablemente era necesario aumentar, pero no diez veces.

Es injustificable, como se publicó en los últimos dos años, que un miembro de la Junta Directiva pudiera tener de 20 a 40 personas asignadas o como se sabe hoy, gracias al análisis y planteamiento hecho por Nineth Montenegro, el Congreso tiene un personal permanente de 1,328 personas, más 800 temporales. Esto va en detrimento de los guatemaltecos y se agrava más cuando los salarios son desproporcionados a las funciones. Es grave suscribir un pacto tan lesivo y descriteriado como el que firmó cínicamente Jorge Méndez Herbruger, quien en lo personal es empresario y llegó a presidente del Congreso por su afinidad a Óscar Berger y al CACIF.

Un sindicato correcto debe saber que no puede llevar a la quiebra a la empresa donde existe, el sector público tiene que funcionar en lo laboral en condiciones similares a las de una empresa privada eficiente.

El Código de Trabajo debe enmendarse urgentemente, establecer que ningún sindicato puede emplazar a una empresa o entidad pública por más de cuatro meses. Si no son capaces de resolver sus diferencias, la ley debe prever otorgarles un plazo adicional de dos meses, pero no desnaturalizar el emplazamiento para evitar que se pueda despedir al personal o crear un monstruo que se devora al organismo estatal a base de un desproporcionado personal e injustos salarios. Si una persona funge como conserje, secretaria o técnico en el sector público y se le paga más del 20% de lo que se paga en el sector privado huele a injusticia, a arbitrariedad e improcedencia.
Continuará.