En el marco del segundo aniversario de la presencia de CICIG en Guatemala se inició también el segundo mandato de esa comisión y el comisionado Carlos Castresana dijo que no cree que deba pensarse en otra prórroga para un tercer mandato, sino que en los dos años que vienen tiene que concretarse el esfuerzo y, sobre todo, la sociedad guatemalteca tiene que asumir su papel para hacerse cargo de la responsabilidad de erradicar la impunidad.
Y tiene razón el abogado español que ha dirigido el empeño de la CICIG porque en realidad el tema es asunto nuestro y la ayuda que nos puedan dar los expertos que bajo el auspicio de las Naciones Unidas han venido a Guatemala tiene límites y no puede ir más allá de lo que sea nuestro propio compromiso. Castresana dijo que no puede convertirse la Comisión contra la Impunidad en un remedo de Minugua, entidad que convivió con nosotros muchos años y cuya parte final se recuerda más bien con mal sabor de boca.
Estos dos años que vienen son cruciales para que los guatemaltecos entendamos lo que significa mantener un régimen de impunidad que se estructuró como parte del conflicto armado interno y que ha persistido hasta nuestros días para beneficio de los grupos clandestinos (también surgidos durante nuestra guerra) y que ahora se dedican a distintas formas de crimen organizado y mantienen a los aparatos del Estado a su absoluto servicio.
De hecho la Comisión Internacional ha puesto el dedo en la llaga y evidenciando situaciones que demuestran cómo en las instituciones de justicia se producen confabulaciones para enturbiar toda investigación e impedir el castigo a los criminales que operan dentro de esos grupos clandestinos de poder. El caso más evidente ha sido la investigación del asesinato de Víctor Rivera, el asesor venezolano que desmanteló varias bandas de secuestradores y que durante varios gobiernos asistió a las autoridades de Gobernación en investigar diversos delitos. El escamoteo de pruebas y el manejo del proceso en forma viciada desde la escena del crimen hasta las siguientes instancias por la Fiscalía de Delitos Contra la Vida es un ejemplo de cómo se puede usar a la estructura para garantizar absoluta impunidad y ocultar pruebas.
Pero si bien nos han ayudado proponiendo reformas legales y nos asisten con investigaciones para desnudar a los criminales, al final de cuentas hace falta que entendamos que la lucha contra la impunidad no es tema del señor Castresana sino asunto nuestro, muy nuestro y que hace falta que nuestro compromiso sea mayor. Afortunadamente empiezan a verse gestos de la sociedad organizada, pero hace falta que el colectivo nacional asuma como propia tan urgente tarea.