Existe un problema de aplicación de la ley en cuanto a la participación del partido Visión con Valores porque aparentemente sus directivos interpretaron de una forma incorrecta la ley en cuanto a los tiempos para convocar a las asambleas departamentales y nacional, lo que implica riesgo de que el pastor Harold Caballeros no pueda participar como candidato en las elecciones. El asunto deberí­a quedar librado simplemente a la aplicación correcta de la ley, de no ser porque el aspirante a candidato presidencial, en una actitud que dista mucho de ser basada en valores, ha tratado de arrinconar a las autoridades electorales dando a entender que se le debe dejar participar con base en su propia interpretación de la ley y no la del Tribunal Supremo Electoral.

No puede ser cristiano poner en entredicho a la autoridad simplemente para salir en caballo blanco luego de haber cometido un error en la interpretación de la ley. Si alguien se equivocó y no entendió el contenido de la norma, es poco ético querer arrinconar a las autoridades para que violenten la norma legal. Por ello es que el pastor Caballeros tendrí­a que dejar que las autoridades electorales resuelvan sin esa presión que les trata de poner en forma que dista mucho de la supuesta visión con valores que pregona.

En realidad no es primer acto cuestionable del polí­tico y religioso, puesto que fue el promotor del programa Visión de Paí­s y en el mismo embaucó a un montón de gente que creyó realmente que se trataba de un esfuerzo apolí­tico y de carácter cí­vico para influir en los dirigentes de los partidos para que se comprometieran en una visión de largo plazo. El mismo Caballeros participó en la formulación y presentación del Plan y dijo que el mismo era ajeno a cualquier partido polí­tico, pero resulta que luego destapó el juego en el que vení­a participando hace tiempo, el de conformar su propio partido para lanzarse a la candidatura presidencial.

Es válido pretender que la Corte de Constitucionalidad declare inconstitucional la norma que le afecta porque todos los ciudadanos tenemos el derecho de petición. Pero dados los antecedentes nos imaginamos que si esa norma no es tachada de inconstitucional, como él pretende, dirá que también la CC está afectando sus intereses como ha dicho del Tribunal Supremo Electoral.

No nos parece cristiano comprometer a las instituciones del paí­s como resultado de un error cometido por sus propios asesores legales. Lo deseable es que tanto la Corte de Constitucionalidad como el Tribunal Supremo Electoral puedan resolver sin presiones poco éticas lanzadas desde una mezcla de púlpito y tribuna en donde se confunde el mensaje polí­tico con el religioso que pregona valores, ética y moralidad. Eso, en verdad, no nos parece para nada cristiano porque está anteponiendo intereses personales a la institucionalidad del paí­s.