El lunes de esta semana, en un medio escrito se publicó un editorial que arremetía contra el proyecto de presupuesto recientemente presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas. En el artículo se hizo mención de la estira y encoge que se mantiene entre el jefe de la Cartera del Tesoro y el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria.

Sin embargo, aunque ese editorial se enfocaba principalmente en la parte mediáticamente atrayente: la supuesta disputa entre ambos funcionarios; arremete erróneamente contra el desfinanciamiento del presupuesto de 2013.

El proyecto presupuestario -incluidas amortizaciones de la deuda- asciende a Q66 mil 981.2 millones, que representaría 15.8 por ciento del Producto Interno Bruto de 2013 y sin incluirlas el gasto sería de Q63 mil 570.5 millones. Los ingresos totales proyectados alcanzarían Q54 mil 021.8 millones. Es decir, un déficit fiscal -diferencia entre ingresos y gastos- de Q9 mil 548.7 millones.

Pero -y aquí está lo importante y lo que no tomó en cuenta el artículo-, de los ingresos ordinarios que obtiene el gobierno únicamente el 12 por ciento le queda para hacer política fiscal. Es decir, todo lo demás -el 88 por ciento restante-, como se dice a veces en casa, “ya tiene dueño”, y no necesariamente porque se destine a pagar alguna deuda, sino que ya está comprometido para varias instituciones.

Y es que según información del Ministerio, el 24 por ciento de esos ingresos se destina al pago de remuneraciones; el 16 por ciento al servicio de la deuda y así hasta llegar al IVA-PAZ, por lo que, con lo único que en realidad dispone el gobierno es con casi una décima parte de lo que logra recaudar. Luego, el gasto de inversión estimado se debe completar con préstamos, porque apenas si queda una parte de los ingresos ordinarios para ese efecto.

La palabra “préstamos” es la que altera a cualquiera que se detenga a ver someramente cómo se encuentran hoy las finanzas públicas del país, conmocionan a los electores del Partido Patriota y dan elementos a la oposición -a veces erróneos- para atacar el gobierno porque creyeron que de verdad nunca más se recurriría a deuda cuando administraran el país, como lo hicieron entender durante su última campaña.

Sin embargo, se debe considerar que para países como Guatemala, el déficit fiscal tiene más sentido político que económico y se hace necesario porque no existe voluntad política de parte de varios sectores para pagar impuestos. Y eso es así. Si esto no se cree, basta con saber sobre las acciones de inconstitucionalidad que se interpusieron cuando se aprobaron incrementos de impuestos o se crearon nuevos que pudieron ser fuente de ingreso para sostener las finanzas públicas. Esto ha sido así durante los últimos cuatro gobiernos.

En ese sentido, se debe reconocer, si se analiza con cuidado, que si los ciudadanos guatemaltecos no estamos dispuestos a pagar el costo de nuestro propio Estado, entonces, irremediablemente, se deberá recurrir a un déficit fiscal que permanecerá período tras período de gobierno sin que la situación, en el largo plazo, realmente muestre mejoría.

Por otro lado, el artículo al que me refiero decía que “en tiempos de ‘vacas flacas’, lo procedente es contener el gasto público y promover la reactivación económica (por medio de generar empleo y alentar la inversión). No son tiempos para gastar lo que no se tiene ni para seguir endeudando al país”.

Esa afirmación, tan errónea como decir que las enfermedades se curan solas, no tiene sentido, porque lo que procede en tiempos de “vacas flacas” es que el Estado, administrado por verdaderos estadistas y bien asesorados, incrementen el gasto y a través de este se incremente el empleo, ese que las empresas privadas, en períodos de crisis, no están dispuestas ni en capacidad de generar, simplemente porque el margen de rentabilidad no es el adecuado.