Creo que buena parte de ese vuelco de parte importante de la opinión pública es resultado de la actitud que ha adoptado el Gobierno al mostrarse desafiante en estas fechas posteriores al primer aniversario del escandaloso asesinato que conmovió al paí­s. No es simplemente el hecho de exigir que se disculpen con el gobernante y su esposa quienes no sólo los acusaron sino que exigieron que el ingeniero Colom se apartara de la Presidencia de la República, sino todo el conjunto de declaraciones que ha dado el gobernante con respecto a un caso que, efectivamente, fue debidamente investigado por la CICIG de manera tal que se exculpa a los sindicados por el mismo Rosenberg de haber causado su muerte. Creo que humanamente hablando el Presidente tiene derecho y razón de exigir que se disculpen con él quienes le pusieron la etiqueta de asesino sin derecho a defensa, pero desde el punto de vista de un estadista, comete un error porque no aquilata el alto nivel de duda que hay entre la sociedad y la forma en que se han ido generando tantos comentarios que apuntan a minar la credibilidad en la Comisión Internacional Contra la Impunidad. Es obvio que el Presidente no tomó en cuenta que hay una campaña para debilitar a la CICIG y que la misma ha ido calando poco a poco entre la gente, al punto de que son muchas (en realidad demasiadas) las versiones que siguen circulando en medios como internet y en corrillos sobre una supuesta componenda del gobierno con la comisión. La imposibilidad de dar con el paradero de los señores Valdez es otro elemento que mantiene en el aire el pleno esclarecimiento del crimen desde el punto de vista judicial, lo que hace que la versión presentada por el doctor Carlos Castresana oportunamente siga hoy siendo una verdad provisional, como él mismo la definió en su momento. Por ello es que creo que aparte de las razones humanas que son tan comprensibles porque el Presidente se sintió agraviado por lo que de él se dijo hace un año, es importante tomar en cuenta ese comportamiento de una opinión pública que en casos como éste se muestra veleidosa y con razón. No es fácil, para nadie, creer que una persona tenga el alcance de planificar su propia muerte en la forma en que se dieron los hechos el 10 de mayo del año pasado y la dificultad para creer es comprensible, sobre todo en un paí­s donde hemos visto tanto muerto acarrear basura. Aun con el trabajo cientí­fico realizado por la CICIG y la acumulación de prueba cientí­fica, muchos dudaron de la versión desde el principio. Esa es una realidad polí­tica que el gobernante ha pasado por alto, dando por sentado que todo mundo aceptó sin dudas ni reticencias lo que comunicó oportunamente Carlos Castresana y la verdad es que son muchos los que no lo admiten de esa manera. Repito que yo, personalmente, no tengo dudas de la veracidad de la versión, pero me preocupa ver cómo crece la ola en contra de ella y lo atribuyo a que el Gobierno no ha manejado con prudencia ni tino el tema.