La participación y representación política de las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, sigue siendo un reto pendiente en el país. De acuerdo con cifras del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el proceso de elección del 2007, se postularon 29 mil 364 candidatos, de los cuales, 25 mil 454 fueron hombres (86.7%) y 3 mil 910 mujeres (15.4%), esto a pesar que los porcentajes de afiliación de hombres y mujeres en los partidos políticos son bastante parejos.
Como resultado del reducido número de candidaturas femeninas, en el Congreso de la República y en las municipalidades, la representación de las mujeres es mínima. En el Legislativo, solamente 20 mujeres ocupan una curul (una de ellas por el fallecimiento del titular) y escasamente hay 6 municipalidades -de las 333- dirigidas por una alcaldesa. La Junta Directiva del Congreso es exclusivamente masculina, al igual que el gabinete de gobierno y en la Corte Suprema de Justicia hay una única Magistrada.
Lo anterior evidencia cómo los puestos de toma de decisión siguen siendo un espacio reservado para los hombres. Y no es que las mujeres no participen, no se afilien a los partidos, no tengan suficientes credenciales profesionales o no estén capacitadas para ocupar los cargos, la escasa representación femenina tiene que ver, entre otras cosas, con la arraigada creencia que el espacio público y el poder político no son ámbitos para las mujeres.
Por supuesto que hay mujeres que se destacan por su participación política o profesional, incluso han presidido el Congreso o la Corte de Constitucionalidad, pero el camino que han debido recorrer ha sido tremendamente dificultoso y han tenido que hacer cien veces más esfuerzo que los hombres para alcanzar la meta.
De lo que se trata entonces es de posibilitar igualdad de condiciones para acceder a los cargos de elección popular, a los puestos de toma de decisiones y a los espacios de dirección en entidades públicas y privadas. Esta igualdad supone eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres ejercer sus derechos y su ciudadanía de igual forma que los hombres; y requiere también de acciones concretas y legislación puntual que permita ir eliminando las brechas existentes y la desigualdad en la participación.
Las leyes de equidad, aprobadas en muchos países de América Latina, que contemplan fijar un porcentaje obligatorio de mujeres en los listados a cargos de elección popular, han permitido emparejar la balanza del ejercicio político. A partir de la aplicación de leyes de cuotas o de paridad (que varían de un país a otro) ha aumentado significativamente el número de mujeres en los congresos, las municipalidades, las secretarías de Estado, las cortes y los gabinetes ministeriales.
Estas leyes no suponen privilegios para las mujeres, como argumentan sus detractores, son más bien medidas afirmativas que concretizan el principio de igualdad consagrado en casi todas las Constituciones (incluyendo la nuestra) y en los tratados internacionales de derechos humanos (también suscritos por Guatemala).
Estamos hablando entonces de un ejercicio de justicia, que devuelva en términos reales a las mujeres, la oportunidad de competir en igualdad de condiciones que los hombres. Con el proceso electoral a la vuelta de la esquina, bien vale la pena sacar a la luz pública, la discusión de las propuestas legislativas que existen para aumentar la participación y representación política femenina. masmujeresmejorpolitica@gmail.com