Guatecompras es el portal Web que las entidades estatales deben utilizar para transparentar las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. El uso de ese medio para adquirir vehículos y servicios para mejoras en la infraestructura de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) es visto como una “burla” por sindicalistas porque no se usó para la construcción de una terminal de contenedores.

La EPQ, al día de hoy, tenía ocho concursos vigentes para la compra de bienes y servicios, entre cotización, excepción y licitación. 

Para las compras figuran canastas navideñas, licencias de software, estudio y diseño de construcción y equipamiento para boya para descarga de combustible a granel, construcción de garitas de ingreso y egreso al recinto portuario, estudio y diseño para ampliación de edificio administrativo en una de la zonas de la finca portuaria, compra de un camión cisterna, contratación de seguro de vida y reembolso de gastos médicos para personal de la empresa y otro por mejoramiento de la red de drenajes y tratamiento de aguas residuales.

¿Y EL USUFRUCTO?
“Lamentamos que no sea total la aplicación de las medidas de transparencia que el mismo Estado aplica con el tema de las compras involucrando al sistema de Guatecompras”, dijo Lázaro Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal, quien señaló que como trabajadores han notado que las autoridades sí utilizan ese sistema de compras, pero “en el tema del usufructo no lo han hecho”.

En ese sentido, agregó que “nos gustaría que todo esto fuera en una sola vía, para que hubiera los primeros indicios de transparencia”.

La Empresa Portuaria Quetzal, celebró en el mes de julio, un contrato de usufructo de un terreno aproximado de 350 mil metros cuadrados con la empresa Transporte de Contenedores Quetzal (TCQ), subsidiaria de una empresa española, para la  construcción de una terminal para el manejo de contenedores, servicio que actualmente presta la empresa estatal y cuyo temor de los trabajadores es que los usuarios del servicio dejen de preferir a la entidad del Estado.

La figura de usufructo no existe en la Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal, pero ésta puede realizar sus actividades de acuerdo a sus propios reglamentos, según dictamen de la Procuraduría General de la Nación, por lo cual, en mayo pasado, el Interventor de esa empresa, quien tiene las atribuciones de la Junta Directiva, emitió un nuevo reglamento para supuestamente actualizar la normativa a las necesidades del Puerto Quetzal, en la que según sindicalistas se introdujo el usufructo.

“UNA DE CAL Y UNA DE ARENA”
Las autoridades quieren dar muestras de que administran el Estado de forma transparente, “pero no en todo”, aseveró el sindicalista. El caso del usufructo, “es una prestación del servicio que deja ganancias millonarias y evidentemente no les convenía tirar ese proceso a una licitación pública”. Por tanto, agregó Reyes, “lo hicieron manteniendo la secretividad”.

De esa cuenta, las compras que se hacen actualmente, “que no tienen mucho impacto”, a criterio de Reyes, se hacen por medio del procedimiento que exige la Ley de Compras y Contrataciones, por lo que el trabajador considera que “todos los procedimientos deberían ser iguales”, “no solo cuando les conviene”.

“Para mí, es un burla la que se le está haciendo al Estado de Guatemala”, aseveró el líder sindical, porque “utilizan el proceso de Guatecompras para usarlo a conveniencia. Y cuando no, lo dejan de una manera directa, como el usufructo”, que según el trabajador de la EPQ, “esto, que tiene mayor impacto, lo hubieran hecho a través de un procedimiento con mayor transparencia en Guatecompras”.

Las autoridades echan “una de cal y una de arena”, señaló Reyes, pues “quieren dar muestras de transparencia donde no las hay”.

EL DIÁLOGO
Sobre el diálogo que se mantiene entre autoridades de gobierno y sindicalistas respecto del usufructo a TCQ, el trabajador explicó que el martes de esta semana se abordó el tema económico, en el que se detallaron las formas de realizar el proyecto de la terminal de contenedores, que podría ser inversión estatal, mixta y el usufructo, en el cual la inclinación oficial sería siempre sobre este último.