El gobierno del presidente salvadoreño, Mauricio Funes, enviará a mil 500 soldados al interior de ocho penales para intentar frenar los delitos que desde allí ordenan las pandillas y el crimen organizado.
El despliegue de soldados en estos centros penitenciarios, cuyos nombres no han sido divulgados aduciendo razones de seguridad, se efectuará a partir del 26 de junio y durante un año, dijo a la prensa el ministro de Defensa, David Munguía, quien aseguró que el «personal de tropa ha sido sometido a una capacitación sobre la labor a desarrollar».
El cometido de los soldados será garantizar la vigilancia y seguridad tanto en el interior como en los alrededores de las cárceles, realizar los registros a las personas que visitan esos centros así como al personal de la Dirección General de Centros Penales, al tiempo que efectuarán labores de inteligencia.
«Los soldados van a poner empeño en evitar que a los centros penales ingresen artículos no permitidos como teléfonos celulares; habrá inteligencia militar trabajando en evitar que ya no se emitan órdenes del crimen organizado y las pandillas desde el interior de los penales», sostuvo Munguía.
El director general de Centros Penales, Douglas Moreno, señaló que los soldados trabajarán «coordinados» con las autoridades y guardias de seguridad de las cárceles.
En caso de que ocurra un motín en alguno de los centros penitenciarios vigilados por soldados, éstos podrán intervenir para sofocar la situación siempre y cuando sean autorizados por las autoridades del ministerio Justicia o el alto mando de la Fuerza Armada.
Según el ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, el crimen organizado opera en las cárceles «dando órdenes desde el interior de esos lugares para que se cometan muchos delitos en las calles».
Algunos de esos delitos orquestados por pandilleros de las temibles maras, como la «18» y la «Salvatrucha», son homicidios, robos o extorsiones.
Estas últimas se han convertido en un lucrativo negocio y en un dolor de cabeza tanto para las empresas, en particular del transporte, como para los individuos.
La llegada del ejército a los penales, por un lapso de un año, se suma a un proceso de depuración de guardias penitenciarios y a una mayor vigilancia para impedir que delincuentes presos coordinen desde sus teléfonos celulares estos delitos.
En menos de un año han sido destituidos 75 funcionarios penitenciarios, entre ellos 40 custodios, según cifras de la Dirección General de Centros Penales.
En el año que lleva en el poder, el presidente Funes ha recurrido al ejército también para vigilar las calles y garantizar la seguridad en las ciudades más peligrosas del país, donde se registra una media de 13 homicidios al día.
Actualmente, 7.170 soldados colaboran con la Policía en tareas de seguridad pública en 29 municipios del país.