Con la anterior resolución, la CSJ declaró «la autoejecutividad de la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos» en el caso de la Masacre de las Dos Erres versus el Estado de Guatemala.

La resolución de la CSJ también detalla que se debe «dar intervención al Ministerio Público, al que se requiere la realización de las investigaciones objetivas así­ como la persecución del hecho penal», especifica.

A criterio de Edgar Pérez, abogado representante de las ví­ctimas y querellantes dentro del proceso abierto por esa masacre, el propio Estado, a través del sistema de justicia, ha atrasado el cumplimiento del proceso, por lo que la resolución significa mucho, indicó.

«Es una prueba importante para que el Estado puede mostrar a la comunidad internacional y a la propia población que quiere acabar con la impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el pasado», enfatizó el abogado.

La masacre ocurrió el 7 de diciembre de 1982, luego que un grupo de kaibiles recibiera órdenes superiores para ingresar a la citada aldea y ejecutar a la población civil.

Según consta en el expediente, un pelotón de 40 soldados concentró a hombres, mujeres y niños en la escuela y la iglesia del lugar y partir de ese momento, sometieron a la población a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Varias de las mujeres, incluyendo niñas y adolescentes fueron violadas, detallan los informes.

Los pobladores fueron conducidos a un pozo de la localidad en donde fueron ejecutados. El número de ví­ctimas asciende a más de 250.