Sergio Castro, juez Tercero de Primera Instancia ordenó prisión preventiva contra Manuel Maza Castellanos, ex ministro de Finanzas Públicas, sindicado de peculado de Q120 millones por los que está vinculado el ex presidente Alfonso Portillo.
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El anterior es un segundo proceso por malversación de fondos públicos contra Maza Castellanos; quien fue aprehendido esta mañana en la 6ª. avenida y 2ª. calle de la zona 15; sindicado de peculado por la suma de Q120 millones malversados en el Ministerio de la Defensa durante la administración portillista.
Maza está ligado a otro proceso por el desvío de Q155 millones provenientes del Ministerio de Comunicaciones, en el que permaneció prófugo de la justicia por más de cinco años y donde fue beneficiado.
Sindicación
La fiscalía especial para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), solicitó, ayer, la captura contra el ex ministro de Finanzas por el delito de peculado de Q 120 millones.
Eunice Mendizábal, fiscal a cargo de la investigación detalló: «Este proceso devino como consecuencia de la investigación realizada por el Ministerio Público que solicitó la captura por peculado en la sustracción de Q120 millones», indicó.
La fiscal añadió que el hecho concreto en el que incurrió Maza Castellanos fue la autorización de la modificación presupuestaria a través del acuerdo 16-2001, el cual autorizó transferir Q120 millones al Ejército de Guatemala, en febrero de 2001.
«El (Maza) en su calidad de ministro de Finanzas y rector encargado del presupuesto general de ingresos y egresos debía saber cuál era el destino de todo el dinero que salía del ministerio que presidió», agregó Mendizábal.
Sin embargo, la defensa del ex funcionario argumentó durante la audiencia que entre las funciones de Maza durante su gestión no estaba la fiscalización de los fondos públicos, ya que esa atribución es del Contralor General de Cuentas, indicó uno de sus abogados.
Desfalco
Maza también está ligado a proceso por su presunta participación en la estafa al Ministerio de Comunicaciones por Q155 millones.
En ese proceso, tramitado en el juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, el ex ministro es señalado de haber firmado y autorizado documentos que beneficiaron a contratistas que laborarían asfaltando carreteras con mayor cantidad de pagos anticipados; sin embargo, el dinero no fue respaldado por la ejecución de las obras.
En ese caso, el ex funcionario recuperó su libertad inmediata sin medida sustitutiva pues Julio Xitumul lo ligó a proceso y le ordenó arresto domiciliario.