El Ejecutivo entregará al MP cuatro informes clasificados del Ejército de Guatemala que relatan operaciones militares durante el Conflicto Armado Interno, y que se presume vinculan a altos mandos de la institución castrense con actos de genocidio.

El secretario de la Paz, Orlando Blanco, aseguró hoy que el presidente ílvaro Colom recibió la notificación de la Corte de Constitucionalidad, se da luz verde a la entrega de archivos militares al Ministerio Público (MP), para efectuar investigaciones en casos de genocidio durante el enfrentamiento armado civil.

Los documentos militares son el Plan de Campaña «Victoria 82» y «Firmeza 83», además del Plan de Operación «Ixil» de 1982 y «Sofí­a» del 15 de julio de 1982.

Blanco aseguró que todaví­a no se determina la fecha en que se entregarán los informes militares, no obstante aseguró que el Ejecutivo cumplirá con la orden judicial, como lo manda la ley.

Al cumplir con el requerimiento, serí­a la primera vez que el Ejecutivo facilitarí­a archivos militares para esclarecer casos de genocidio y violaciones a los derechos humanos del Conflicto Armado interno.

PROCESO

La Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), asesorada jurí­dicamente por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), inició en el 2000 el proceso judicial en contra de los ex presidentes Romeo Lucas Garcí­a y Rí­os Montt, debido a que durante sus mandatos se estima que se efectuaron las cuatro operaciones militares.

Francisco Soto, representante de CALDH, calificó como «adecuado» el pronunciamiento del Ejecutivo en torno a la disposición de aportar los informes castrenses como pruebas en el proceso judicial contra los ex militares, del cual todaví­a no se tienen resultados sustanciales.

Por otro lado, Francisco Palomo, abogado defensor de Rí­os, dijo que aceptará y respetará la decisión del Ejecutivo, la cual considera positiva, en tanto que se efectúe de acuerdo con los procedimientos que manda la ley.

Pese a que Palomo asegura que Rí­os Montt no tiene relación con las operaciones militares por las que se le acusa de genocidio, la AJR sostiene que el ex jefe de Estado está implicado en violaciones a los derechos humanos y genocidio.

Blanco sostiene que el gobierno apoya las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido durante el perí­odo de 1960 a 1996, conocido como Conflicto Armado Interno, y durante el cual se estima que fallecieron y desaparecieron 200 mil personas, en su mayorí­a ví­ctimas de las fuerzas de seguridad del Estado.