De igual forma como públicamente diversos sectores han rechazado los intentos de reformar a medias o mediante “parches†el sistema tributario, asimismo se deberían reconsiderar las propuestas de modificar algunas leyes vigentes, varias de ellas de rango constitucional, porque, al parecer, no se pretende llegar a la sustancia de la caduca estructura jurídica del país.
Es digna de respeto la propuesta de las universidades de San Carlos y Rafael Landívar y la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (ASIES) respecto a que se debe reformar la Constitución Política, pero se limitan a los ámbitos de seguridad y justicia, que, ciertamente, son unas de las áreas más sensitivas, al extremo que los dos candidatos presidenciales que irán al balotaje dirigieron sus objetivos en la campaña electoral reciente a los extremos de inseguridad pública a que estamos expuestos todos los habitantes de Guatemala, aunque sin precisar los planes de gobierno referentes al combate al crimen organizado y la delincuencia en general, sino que insistieron en la reiteración de aplicar “mano dura†y la pena de muerte.
Al tomar en consideración la categoría académica de quienes han integrado los equipos de trabajo de esas tres instituciones, se podría presumir que podrían plantear una reforma constitucional integral, en el sentido de abarcar todos aquellos espacios legales que han sido objeto de severas y justificadas críticas porque su legislación ya no corresponde a las circunstancias actuales, y de ahí que, para citar un ejemplo muy risible, los partidos políticos que se anticiparon en sus campañas de proselitismo electoral antes de que se lanzara la convocatoria oficial respectiva, fueron sancionados económicamente con multas irrisorias, así como por haber superado el techo de gasto o inversión.
En La Hora del sábado una información acerca del proceso electoral se puntualiza que el mismo ha evidenciado la vulnerabilidad del sistema de partidos políticos y la necesidad de reformar su legislación, e incluso los mismos fiscales de esos colectivos reunidos con el pleno del Tribunal Supremo Electoral formularon documentadas críticas por las deficiencias de este órgano en la lentitud del recuento de los votos y a otros factores más.
Si las universidades nacional y Landívar y ASIES han trabajado con rigor científico en la propuesta de reformar la legislación referente a los temas de seguridad y justicia, muy bien podrían redoblar sus esfuerzos para analizar y plantear modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a reformar el sistema impositivo, que es uno de los más inequitativos de América Latina, y a otras normativas más que el espacio no permite incluir, y demandar al Congreso, en primera instancia, que convoque a un referéndum popular en torno a si los/as ciudadanos/as prefieren modificaciones parciales a normativas de carácter constitucional o si optan por la sustitución total de la actual ley fundamental del país.
(El político tránsfuga y corrupto Romualdo Tishudo le reclama a su mujer: –Anoche cuando dormías me estabas insultando en tus sueños. La esposa replica: –¿Quién te dijo a vos que yo estaba dormida?).