Como en otros múltiples casos de corrupción, además de numerosas denuncias de acciones criminales que son objeto de persecución penal, azaroso y complicado camino deberán recorrer fiscales del Misterio Público en lo que respecta a la anunciada investigación a cinco extitulares del Ministerio de Comunicaciones, exviceministros y directores generales, para establecer si hubo comisión de delitos en la controvertida deuda flotante que asciende a Q2 mil millones.

El Presidente declaró el martes anterior que ordenará que se inicien acciones encaminadas a entablar procesos legales contra funcionarios de gobiernos anteriores, en los casos de contrataciones de obras de infraestructura en los que se sospecha que mediaron maniobras de corrupción.
 
Mientras tanto, la Contraloría General de Cuentas planteó denuncias en el MP contra funcionarios de regímenes pasados, presuntamente vinculados a hechos ilícitos, y, luego, la reacción del Ministerio Público, lo cual induce a pensar que probablemente ahora sí se conjugan determinantes factores que impulsarían la imputación de delitos a personajes de la casta política señalados de corruptos, coludidos  con empresarios inescrupulosos.
 
En vista de los antecedentes de altos exfuncionarios públicos, las informaciones despiertan prudente optimismo, aunque también razonable escepticismo en lo que atañe al eventual procesamiento y posible condena a esos individuos que, a la vista de la mansa opinión pública, se habrían enriquecido bajo la sombra del Estado y, consecuentemente, afectado a los guatemaltecos en general, con la pésima construcción de escuelas, carreteras, caminos vecinales, centros de salud, muchas de cuyas construcciones ni las iniciaran o no terminaron con la ejecución de proyectos que se quedaron en el papel.
 
El MP, y de esto están más enterados que yo los fiscales de la institución, deberán encarar una enredada y tupida telaraña sumamente difícil de desenredar, porque la endémica corrupción que corroe a casi la totalidad de la administración del Estado, es como una sólida estructura piramidal que, como el nombre lo intuye, se entrelaza y mezcla desde los más bajos estratos burocráticos hasta la cúpula del Estado.
 
A esta compleja entramada criminal se agrega que, según el anuncio presidencial, se pretende investigar a funcionarios que fueron de distintos gobiernos, que se remontan hasta hace más de tres lustros, a lo que se adiciona, si es que en realidad se persigue juzgar a todos o a la mayoría de los supuestos corruptos, que el MP también tendrá que extender sus averiguaciones a representantes de empresas constructoras que no cumplieron con sus compromisos.
 
No son, entonces, una o dos decenas de sujetos a las que se debe perseguir penalmente, sino que a cientos de individuos de diferentes esferas públicas y privadas involucrados en esta maraña de corruptos.
 
Es de esperarse que las declaraciones del Presidente no sea otra marrullería del gobernante para ganar adeptos entre diputados dizque opositores, a fin de obtener votos para aprobar el ilícito e inmoral pago de la deuda flotante.
 
(Un burócrata le pregunta al auxiliar fiscal Romualdo Tishudo: –¿Cuál es el animal que vuela más alto? ¿No sabés? Pues es un corrupto viajando en avión).