Dentro de las funciones propias del Estado, se considera que la regulación es una de las más difíciles de conducir y desarrollar, principalmente cuando la misma ha venido a menos desde el aparecimiento del Consenso de Washington en la década de los ochenta, cuando su contraparte la desregulación significó uno de los elementos imprescindibles para la modernización económica, así como uno de los pilares para conseguir la estabilización, contribuir al ajuste macroeconómico y uno de los conceptos necesarios para empujar la inversión productiva.
Sin duda la desregulación favoreció el clima de inversiones en diferentes actividades productivas, pero también demostró sus falencias y debilidades, a partir que en ciertos mercados crecieron las unidades económicas empresariales, pero su sostenibilidad presentaba características muy débiles, como en el caso de los bancos, luego de la aplicación de la Ley de Modernización Financiera y que la crisis del 2008 con la burbuja inmobiliaria, vino a demostrar que aquella desregulación también propició malos manejos y que aunque se acrecentó el acervo empresarial y la inversión, la misma se cayó tan fácilmente, que hoy todavía se resienten los efectos de esa desregulación.
Sin embargo, la regulación tampoco ha mostrado que haya crecido o se haya fortalecido. Efectivamente, ante un Estado tan débil como en el caso de Guatemala, las entidades obligadas a la regulación en diferentes aspectos, muestran hoy que sus estructuras no son lo suficientemente independientes y fuertes para evitar las intromisiones del propio Gobierno, ni tampoco sus acciones han sido lo suficientemente preventivas, como para evitar crisis como la de Bancafé y Banco de Comercio.
La Contraloría General de Cuentas, tampoco es una muestra de modernización institucional y su trabajo continúa en la tradicional glosa de cuentas, sin ninguna capacidad de actuar en forma preventiva, ni mucho menos para tomar acciones orientadas a establecer malos manejos. Generalmente, las apariciones de corrupción o desvío de fondos aparecen a partir de otras instituciones, pero no de la encargada de realizar este trabajo.
Recientemente, el IARNA de la URL, presentó un estudio en donde demuestra que el Programa de Fertilizantes tiene enormes falencias y que el mismo necesita de cambios fundamentales en su orientación; lo cual significa, la necesidad de replantear sus objetivos, pues aparentemente no llega a quienes originalmente se había pensado, ocurre una serie de anomalías en su operación y que muchas veces el fertilizante se vende y no se utiliza. Ello implica una revisión total del programa, que implica incluso cerrarlo, pues al final quienes ganan no son los que se habían planificado, sino otros.
El caso de la institucionalidad ambiental también es una muestra tangible de que se perdió la función de regulación, para pasar a convertirse en entes cooptados y corruptos, que responden a grupos de interés, cuando en realidad su trabajo fue diseñado para convertirse en instituciones que permitan el balance entre la inversión y la sostenibilidad ambiental; una relación que no busca detener o afectar la inversión, sino al contrario convertir la inversión en una actividad que incorpore el manejo ambiental sostenible y de tecnologías limpias, que únicamente invita a ser consciente del papel vital de los recursos naturales y el medio ambiente y con ello evitar la conflictividad que hoy se acrecienta en lo relativo a minas e hidroeléctricas.
De continuar con el deterioro, la cooptación y la corrupción de las instituciones llamadas a ser los entes reguladores en diferentes campos de la actividad económica del país, únicamente se profundiza el debilitamiento de las capacidades institucionales, se priorizan los intereses nacionales y transnacionales, sin tomar en cuenta el bien común y se agudiza la precariedad de un Estado y sus instituciones.
La regulación no debe ahogar la inversión, sino debe significar intervenciones temporales de carácter técnico y profesionales que corrijan desviaciones del mercado y contribuyan a darle un balance crítico al desarrollo económico. En la actualidad esta capacidad todavía es remota.