Tras años desde su firma, comenzó hoy a regir el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia en medio de advertencias de que será el inicio de una debacle para la agricultura y la industria del país sudamericano.
Para el gobierno y los defensores del acuerdo, lo que hay es un potencial de crecimiento.
«Tener (acceso) al mercado más grande del mundo es una oportunidad que tenemos que aprovechar», dijo el presidente Juan Manuel Santos hoy a Caracol Radio. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia.
Según el gobierno, el tratado de libre comercio ofrece a la economía de esta nación andina, de 46 millones de habitantes, la oportunidad de crecer cada año entre medio punto y un punto porcentual más y que las exportaciones a Estados Unidos suban al menos de 6% a 10%.
«Hay algunos sectores que van a tener que ser más competitivos o cambiar de productos, pero son muy limitados» y que con el tratado «los ganadores son más que los perdedores y a ellos (a los perdedores) se les va ayudar», afirmó el mandatario.
Pero para los críticos del acuerdo como el senador Jorge Robledo, del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo, «lo que viene con este TLC son más pérdidas agrarias, más pérdidas industriales, más presencia de lo extranjero en la economía nacional, más desempleo… y lo más preocupante, más pobreza».
Sindicalistas, legisladores y voceros de gremios consultados coincidieron en que habrá que esperar el primer año de balance para comprobar si el acuerdo cumplió el repunte económico, crecimiento del empleo y exportaciones prometidos o, por el contrario, significó la quiebra de pequeños productores agrícolas.
«Desde el inicio de las conversaciones y por la desproporción de la economía norteamericana con la nuestra… advertimos que esto va arruinar al campo colombiano, va arruinar la producción de alimentos del país», dijo Gustavo Triana, segundo vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, una de las principales centrales obreras del país.
El 38% de las exportaciones colombianas –el equivalente a 21.700 millones de dólares– fueron a Estados Unidos en 2011, mientras que los productos estadounidenses que llegaron a Colombia sumaron 13.593 millones de dólares, principalmente materias primas, lo cual equivale a 25% del total, de acuerdo con datos del Ministerio de Comercio Exterior colombiano.
Rafael Hernández, gerente de la Federación Nacional de Arroceros, aseguró que a su sector le costará competir con sus pares norteamericanos que «no sólo cuentan con maquinaria, sino con subsidios». La subsistencia del sector «depende de lo que haga el gobierno… porque del arroz dependen 500 mil familias».
Colombia produce unas 2,7 millones de toneladas anuales de arroz, con lo que cubre el consumo interno, aunque en ocasiones importa entre 5% y 10% de la producción total desde naciones vecinas como Ecuador y Perú, explicó Hernández.
El Ministerio de Comercio Exterior recordó que el tratado incluye plazos para la desgravación hasta llegar al arancel cero. En el caso del arroz, se negoció una cuota de ingreso de 79.000 toneladas; por encima de esa cantidad un importador colombiano desde Estados Unidos deberá pagar un arancel de 80%.
Los gremios del transporte de carga, en cambio, ven en el tratado una nueva puerta para sus negocios.
Jairo Herrera Murillo, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera, dijo que espera que el volumen de carga en el país aumente 20% en lo que resta de 2012 y pase de las 160 millones de toneladas que mueven cada año a unas 165 a 180 millones de toneladas. Para 2013 esperan aproximarse a las 200 millones de toneladas.
El tratado estuvo estancado durante años a la espera de la aprobación legislativa en Washington porque congresistas del Partido Demócrata y activistas sostenían que Colombia no merecía el acuerdo hasta tanto mejorara la protección de sus trabajadores y detuviera los asesinatos de sindicalistas.
De acuerdo con la no gubernamental Escuela Nacional Sindical, dedicada al estudio, protección y desarrollo de los derechos de los trabajadores, al menos 29 trabajadores y docentes sindicalizados fueron asesinados en 2011, una baja con respecto a los por lo menos 52 muertos que se reportaron en 2010.