Se trata, en la práctica, de que el Ejecutivo mediante sus cuerpos técnicos, es decir la Dirección Técnica del Presupuesto y el Ministerio de Finanzas más la Secretarí­a de Planificación Económica, hagan la formulación del proyecto que será aprobado de manera programática por el Congreso de la República. Si la idea fuera que el Congreso únicamente fijara techos máximos, así­ se hubiera puesto en la Constitución de la República, pero la aprobación la tiene que hacer en forma detallada.

De suerte que si se aprueban partidas con montos y destinos especí­ficos, no hay razón para que se deje la oportunidad de que se hagan transferencias sin la aprobación correspondiente del Congreso porque, entonces, para qué jodidos tanto alboroto de aprobar el presupuesto si bastarí­a con que los diputados fijaran el techo máximo de gasto y el estimado de ingresos más el déficit previsto.

Pero el espí­ritu es justamente lo contrario. Los constituyentes le dieron al Congreso la facultad de decidir sobre el gasto público de manera detallada con el presupuesto programático que contempla las partidas especí­ficas a las que se destina el gasto público. Mediante argucias, en las normas del presupuesto, se fue reduciendo ese poder del Congreso y los diputados lo aceptan porque, al fin y al cabo, eso forma parte de las negociaciones para el listado geográfico de obras, PACUR o como se quiera llamar a la mordida que les dan para que aprueben un presupuesto con manga ancha que deja al Ejecutivo hacer micos y pericos.

El único candado que tiene que existir es que el Ejecutivo tiene que solicitar al Congreso que apruebe, de la misma forma en que lo hizo con el presupuesto, cualquier transferencia de fondos. Que es engorroso, ciertamente, pero se supone que la DTP, el Ministerio de Finanzas y Planificación Económica hicieron una buena programación porque, de lo contrario, están viendo la cara de babosos no sólo a los diputados sino a la población en general porque el Presupuesto deja de ser el instrumento de control del gasto que se establece constitucionalmente.

En casos de emergencia el Congreso tendrí­a que dar su visto bueno para cualquier asignación de recursos a destinos diferentes a los que se contemplaron en el presupuesto. Lo otro es simplemente seguir jugando el juego de la picardí­a. Ya está demostrado, por ejemplo, que las transferencias de fondos del Ministerio de la Defensa sirvieron para convertir los gastos militares en la caja chica de los presidentes de la República luego de la supresión de confidenciales.

Y que termina siendo muy fácil engañar a todo el mundo. Se aprueba un presupuesto con partidas especí­ficas y luego se transfieren partidas globales a otras dependencias, al punto de que no se puede llevar siquiera control de cuántas transferencias se hacen y en un año electoral, ese juego es peligroso.

P.S. Justo al terminar esta columna hablé con Edgar Balsells, quien me dijo que nunca ha dicho que quiera menos controles para el presupuesto. En declaraciones a La Hora ampliará su criterio.