Durante las últimas semanas me di a la tarea de proponer, de acuerdo a mi leal saber y entender, algunos puntos para mí importantes con el afán de contribuir a ese debate que nos permita generar mejores condiciones económicas que nos ayuden a que más gente en nuestro país pueda tener oportunidades que se traduzcan en una clase media fortalecida y en menos pobreza de la que tenemos al día de hoy.

Pero más que cualquier medida económica, la creación de oportunidades en el país pasa porque los ciudadanos hagamos de la lucha contra la corrupción la prioridad número uno. No podemos pretender que nuestra gente no se muera de hambre, literalmente,  si seguimos permitiendo que los fondos que nos pueden servir para prevención, educación y preparación se sigan dilapidando entre quienes se mueven en las melcochas de las campañas políticas.

Debemos reconocer que luego de 15 años, el hecho que se esté discutiendo la iniciativa ya es un paso al frente, pero debemos ser francos y reconocer que dimos un paso atrás cuando pícaros y “honrados” pegaron al grito al cielo con la forma en que estaba tipificado el tráfico de influencias, dando excusa para un nuevo entrampamiento. Cuando uno tiene coincidencia de criterio con quien no considera “honorable”, siempre es bueno hacer un examen de conciencia para encontrar el porqué de la similitud.

Hasta hubo algunos medios de comunicación que se opusieron en sus editoriales pero que ahora, luego de darse cuenta que un diputado utiliza su cargo para vender calentadores solares, resaltan en una nota periodística la necesidad de la tipificación del tráfico de influencias. El problema es que aquellas personas del ámbito privado que reciben dinero, privilegios o protección del Estado, han invertido una buena cantidad de tiempo y recursos para que la ley solo se  aplique a funcionarios.

Los ciudadanos debemos comprender que la redacción original del artículo, como sugiere Diana Fernández, de la Universidad Rafael Landívar, puede sufrir, en todo caso, una modificación y es que se sustituya la parte que establece que “haya o no detrimento del patrimonio del Estado o de un tercero”, por “cuando se afecten los intereses del Estado o de los particulares”, pero no como pretenden los pícaros. La definición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, es muy débil para lo que hay en Guatemala.

Yo hago votos por una ley en la que funcionarios y particulares sean sujetos de la misma, en donde el tráfico de influencias esté tipificado de la forma en que originalmente fue propuesto, pues de lo contrario, cometemos el error de pensar que solo los funcionarios son los pícaros y sinvergüenzas; no podemos seguir jugando de ilusos sin darnos cuenta que la historia del país se mueve a través del tráfico de influencias. El delito de enriquecimiento es para aquellos que hacen millones de forma burda, generalmente en 4 años y el de tráfico de influencias para los que lo hacen disfrazados de “cuello blanco” por toda una vida.

Los que en Guatemala inclinan la balanza del poder, los que financian una, algunas o todas las campañas políticas y la mayoría de los beneficiarios de los contratos estatales, se mueven bajo el manto del tráfico de influencias para asegurar sus cuotas en detrimento de un país sumido en la pobreza y la falta de oportunidad.

El día que Guatemala viva su especie de primera árabe, deberá ser la corrupción el motor que nos permita darle vuelta a un sistema podrido, un Estado fallido que a causa de la corrupción y la impunidad, de la que por cierto somos corresponsables por pasivos,  le niega la oportunidad a la mayoría de sus ciudadanos a una vida digna.

La mejor receta económica, hoy por hoy, es combatir la corrupción y el tráfico de influencias.