La impunidad es un instrumento al servicio de todos los criminales, entre ellos los que cometen delitos de corrupción, tanto funcionarios como sus socios en el sector privado. Pero es fundamental que entendamos que sin corrupción para sobornar a los operadores de justicia, no habría la impunidad que tanto afecta a la sociedad guatemalteca y que hizo que Naciones Unidas aprobara la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

La impunidad en el país tiene raíces en el sistema de dominación establecido desde tiempos de la colonia puesto que la ley se ha hecho para castigar a la plebe, asegurando que las élites puedan sentirse inmunes del peso de las normas que sancionan las conductas delictivas. Pero en el marco del conflicto armado interno se llegó a institucionalizar el sistema de la impunidad porque el Estado dispuso mecanismos para la protección de quienes libraban la guerra contra la subversión y de esa cuenta fue copado el Ministerio Público y fueron copados los tribunales para impedir que pudieran avanzar juicios en contra de quienes luchaban contra “la amenaza marxista”. Algo parecido a lo que ocurrió, guardando las distancias, en Estados Unidos con las medidas para burlar las garantías individuales en el marco de la guerra contra el terrorismo.
Firmada la paz y terminado el conflicto, ese aparato de impunidad no se desmanteló, sino que simplemente se insertó en lo que podríamos llamar el “mercado”, puesto que se puso al servicio del mejor postor y del crimen organizado, sofisticando sus métodos y vigorizando la presencia de sus agentes en las diferentes instancias de la administración de la justicia y de los procesos de investigación criminal.
 
Eso generó un sistema judicial inoperante que al final de cuentas generó una impunidad de más del noventa por ciento de los casos que son sometidos a conocimiento de los tribunales, pero el porcentaje es mucho mayor si tomamos en cuenta que hay infinidad de crímenes que ni siquiera son investigados y por lo tanto no pueden formar parte de la estadística.
 
Por ello es que cualquier esfuerzo para combatir la impunidad en el país tiene, por fuerza, que pasar por el combate a la corrupción porque nadie protege o exonera a un delincuente gratis. Todo ello es parte de esa extraordinaria madeja de irrespeto a las leyes que se han institucionalizado en Guatemala y que nos convierte en un país inviable porque no puede convivirse en una sociedad en la que prevalece la anarquía porque ni el individuo se sujeta a la ley ni el Estado tiene capacidad de hacer que se cumpla, no digamos capacidad para castigar a quienes incurren en hechos tipificados como delito.
En ese sentido creo que la apuesta del actual Comisionado de la CICIG es correcta en el sentido de que no puede haber verdadera lucha contra la impunidad si no se investigan los más gruesos actos de corrupción. El cáncer que está carcomiendo a la sociedad guatemalteca se consolida a partir de los mecanismos que permiten el secuestro de las instituciones democráticas por la vía del control del poder político mediante el financiamiento de las campañas políticas.
 
Por supuesto que se trata de una aventura llena de tropiezos y de obstáculos porque no vamos a pretender que quienes se han adueñado de Guatemala y se dedican al saqueo de sus recursos, queden de brazos cruzados mientras se adelantan investigaciones que pueden poner el dedo en la llaga. Pero sin ese esfuerzo, sin caminar en esa dirección, todo lo demás que se diga que es lucha contra la impunidad no pasa de ser atol con el dedo para seguir con un sistema podrido.