La semana pasada comentaba acerca de la responsabilidad y rendición de cuentas que los funcionarios deben a los ciudadanos y que nosotros debemos exigir siempre. Dentro de esa espiral deben existir castigos para aquellos que no cumplan con sus obligaciones, y más aún, para quienes se aprovechen de su posición en la administración pública para beneficio propio. Uno de esos castigos es aquel que debiera de estar tipificado en el delito de enriquecimiento ilícito.
Se entiende por enriquecimiento ilícito cuando un funcionario aumenta su patrimonio o el de alguno de sus parientes de manera desproporcionada con respecto a su remuneración, esto también aplica cuando el funcionario paga deudas propias o familiares igualmente de forma desproporcionada. Hay casos en los que el enriquecimiento ilícito se hace a través de un tercero, sin relación familiar al menos cercana, en este caso esa persona es un testaferro, uno que presta su nombre para cuestiones de alguien más.
Guatemala, a pesar de ser firmante de varios tratados internacionales contra la corrupción, no tiene tipificado en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito. Durante los últimos años ha habido varias iniciativas de ley dirigidas a su tipificación, así como a la reforma de dicho Código en cuestiones relativas a los delitos contra la administración pública.
La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República reunió en 2008 varias de estas iniciativas en un único dictamen favorable que disponía aprobar la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, en el cual se agrega dicho delito al Código Penal, y se aumentan las penas a otros como incumplimiento de deberes, diversos tipos de peculado y cohecho, malversación y denegación de la justicia, entre otros.
La dinámica legislativa no ha permitido que en todos estos años esta ley sea una realidad. Los diputados de la legislatura anterior la dejaron durmiendo el sueño de los justos, mostrando una total falta de interés en entregarle al país y a los ciudadanos una herramienta vital para el combate de la corrupción. ¿Por qué? Quizás por el miedo de algunos, de verse en un futuro como “víctimas” de ese producto.
En los últimos meses, esta ley ha sido mencionada nuevamente. El mismo presidente del Congreso, diputado Gudy Rivera, mencionó su aprobación como una de las prioridades de su administración. Otros diputados también la tuvieron presente en foros previos a las elecciones, como una de sus promesas de campaña. El Ejecutivo ha incluido su versión dentro de un paquete de leyes de transparencia que presentó al Congreso hace ya varias semanas.
A pesar de todo, hoy no se ve nada claro en cuanto a la aprobación de ésta y otras leyes relativas a la transparencia y al combate a la corrupción. El desorden que se vive dentro del Congreso, en el que algunos piden cualquier cantidad de interpelaciones y otros dejan de asistir al pleno hasta que los primeros desistan, ha provocado que la agenda legislativa no camine y el país se quede con muchos pendientes que llevan a que Guatemala se estanque e incluso retroceda.
¡Guatemala no puede esperar más! Los ciudadanos necesitamos reglas claras y la certeza de su cumplimiento para poder salir adelante. Mientras cada quien pueda seguir haciendo lo que le da la gana sin responder por las consecuencias de sus actos, seguiremos sumidos en la mediocridad y el conformismo al que lleva el no poder hacer las cosas bien hechas.
Para que Guatemala crezca, todos debemos cumplir con nuestra parte, especialmente quienes han sido electos, llamados o contratados para cumplir con alguna función pública, empezando por los llamados Padres de la Patria.