No conozco personalmente al titular de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Sólo he leído sus declaraciones y visto sus fotografías en los diarios impresos, y al haberlo observado y escuchado en los informativos de la televisión, me da la impresión de que se trata de un hombre de origen modesto, rudo y directo en su forma de hablar, sin utilizar el lenguaje alambicado propio del político curtido en falaces batallas retóricas.
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El párrafo anterior no es un ditirambo encaminado a sobarle la chaqueta al auditor y contador público Carlos Mencos, sino que lo he utilizado como introducción al tema que quiero abordar y que se refiere a las acciones que está realizando la Contraloría de Cuentas en diferentes instituciones estatales, con el declarado propósito de esclarecer la administración de recursos públicos en el funcionamiento de esos entes, como el Tribunal Supremo Electoral, o en la ejecución de proyectos, entre los cuales está la ampliación y remodelación del Aeropuerto Internacional La Aurora.
Adicionalmente, harto sabido es que los columnistas y periodistas somos calificados constantemente de habernos convertirnos en censores de las actuaciones de los funcionarios públicos, y que jamás reconocemos la honestidad, eficiencia y capacidad de algunos burócratas elevados en las altas esferas del Estado.
En este orden de ideas, estimo que el contralor Mencos ha mostrado su intención de cumplir debidamente con sus responsabilidades institucionales, procediendo de frente y con vigor, para que se cumpla con la transparencia en el gasto público, además de lavarle la cara a la CGCN, tan criticada durante los períodos anteriores, al extremo de que dos de sus ex titulares se encuentran purgando prisión, aunque uno de ellos, el exitoso hombre de empresas Marco Tulio Abadío, es juzgado por supuestos delitos que cometió al frente de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Sin embargo, todavía es extremadamente prematuro soltarle cuetes de vara y saltapericos al señor Mencos, porque, inicialmente, debe concluir con la investigación que la Contraloría de Cuentas realiza en los trabajos del aeropuerto, así como esclarecer las dudas que han surgido en los gastos en que habría incurrido el Tribunal Supremo Electoral durante las elecciones recientes, y, luego, se deberá observar con detenimiento la forma cómo fiscalizará las ejecuciones presupuestales en todas las dependencias del Estado.
En lo que atañe al proyecto de ampliación y remodelación del aeródromo, me llamó mucho la atención el minucioso trabajo reporteril que realizaron los periodistas Mario Cordero y Karen Cardona, derivado de la fiscalización iniciada por la CGCN y publicado el pasado jueves 28 de este mes, cuyos datos, incluso, podrían servir de pista a la misma Contraloría de Cuentas, como el hecho de que en término de cuatro días el director general de Aeronáutica Civil, señor José Manuel Moreno, logró estudiar minuciosamente, posiblemente sin darse tiempo para dormir y comer, menos para visitar el sanitario, el convenio que firmó con la Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI), para la modernización del aeropuerto.
Esos cuatro días mediaron entre el 10 de abril de 2005, cuando tomó posesión del cargo, y el 14 del mismo mes y año, día en que se suscribió el acuerdo. El señor Moreno fue designado Director General de Aeronáutica Civil durante el gobierno del Primer Empresario de la Nación, el presidente í“scar Berger, quien, de esa forma, lo premió por haber sido el mediador entre el Gobierno y los trabajadores del aeropuerto que habían cesado sus tareas, en demandas de mejoras laborales. (Cuando escribo estos apuntes, su cargo pende de un hilo).
No voy a repetir todos los aspectos del trabajo periodístico de Mario y de Karen, pero si usted no lo leyó por su extensión o por falta de tiempo, lo invito a que lo haga, además de que vale la pena resaltar algunos elementos de juicio, tal como la norma contenida en el convenio que establece que la OACI no puede ser objeto de fiscalización por parte del Gobierno de Guatemala, léase la CGCN, como si aquella organización tuviera el estatus diplomático que contempla determinadas inmunidades.
Según el reportaje, entre las especificaciones que dictamina la OACI se incluye la referente a que en un aeropuerto civil no debe funcionar un aeródromo militar, norma que en Guatemala y hasta la fecha, no se ha cumplido y probablemente no se aplique en un futuro inmediato, aún cuando ya hayan concluido los cuestionados trabajos de la ampliación y remodelación de La Aurora.
Finalmente, un caso aparentemente chusco, pero real y asombroso. Según versiones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se efectuó el traslado de un millón de metros cúbicos de tierra, para que el terreno donde se ejecuta parte del proyecto, quedara allanado. Hasta aquí no hay nada de extraordinario, pero los periodistas Cordero y Cardona preguntan ingenua y retóricamente ¿dónde está toda esa tierra removida y en qué tiempo hicieron el traslado?, sobre todo si se toma en consideración que, como se advierte en el mismo reportaje, para remover esa cantidad de tierra se requiere de 125 mil viajes de camiones de volteo, con un promedio 14 viajes por hora durante un año. Sólo que en vez de utilizar camiones hayan usado jets supersónicos.
Tiene mucho trabajo y gran responsabilidad, licenciado Carlos Mencos. Hágase la campaña de no defraudar a los guatemaltecos.
(Un ingeniero del proyecto de ampliación de La Aurora le reclama al capataz Romualdo Tishudo: -¿Qué hace ahí ese montón de tierra? -Es que ya no cupo en los camiones de volteo y no hay donde ponerla -replica mi paisano. El ingeniero repone: -No sean babosos ¡habrán un hoyo y la meten allí!).