En otras palabras, el presidente Colom y su equipo de trabajo lo que nos plantean es una enorme disyuntiva: si los ciudadanos queremos más seguridad, tendremos que pagar por ella y eso se traduce en nuevas cargas fiscales porque no hay otra fuente para lograr el objetivo de dotar a las fuerzas de seguridad de más recursos para hacer su trabajo.

Nadie con dos dedos de frente podrá negarse a aportar más para la seguridad ciudadana porque al fin y al cabo eso nos afecta a todos y sin duda el paí­s va en rumbo de convertirse en el nuevo reducto de los grandes carteles que, perseguidos primero en Colombia y luego en México, buscan refugios en paí­ses con estados débiles cuyas autoridades lejos de proteger a los ciudadanos se pueden vender para brindar protección a los criminales.

Pero la forma y el monto del aporte son otros cien pesos, como dicen los mexicanos, porque en eso sí­ que habrá debate y muy intenso toda vez que por mucha que sea la inseguridad, los principales grupos de poder económico no están dispuestos a aceptar cambios fiscales de fondo que les puedan afectar en el giro de sus intereses. Y como los que en ese sentido tienen más poder y deciden se encuentran a buen recaudo porque gozan de protección privada tanto en sus colonias como para sus familias, su valoración del tema puede ser distinta a la que hagamos el resto de los ciudadanos.

Se le podrá exigir al gobierno que reduzca la inversión social para asignar los fondos a seguridad ciudadana, pero se trata en realidad de dos campos en los que no podemos distraer recursos y en los que, mucho ojo, cualquier desví­o o mal manejo adquiere proporciones de delito de lesa humanidad. Guatemala necesita mantener un ritmo adecuado de inversión para atender a los más pobres y compensar esa desigualdad que ayer señalaba un estudio a nivel mundial y tiene que invertir en seguridad. El debate está abierto en ese marco y contexto.