Aparte de que es obvio que nos han visto la cara de pendejos, debe destacarse el contrasentido de que cuando les conviene, es necesario hablar de fiscalización, mientras que en otros casos hacen hasta lo imposible por impedir una supervisión correcta del manejo de los fondos. El argumento nos parece grosero porque demuestra una clara intención de decirnos a los ciudadanos que nos ven como un atajo de imbéciles que se tragan cualquier cosa. ¿Cómo es posible que haya tanta resistencia para que se pueda fiscalizar el dinero del programa Mi Familia Progresa y al mismo tiempo se diga que es para facilitar la fiscalización que están preguntando casi hasta el nombre del perro a los usuarios del transporte urbano de la ciudad capital? La verdad es que se trata de dos cuestiones í­ntimamente vinculadas, puesto que en ambos casos se está utilizando a la gente para conformar una gigantesca base de datos que será utilizada con fines electorales dentro de año y medio, cuando los guatemaltecos seamos convocados a las urnas para elegir a las próximas autoridades. Tanto los programas sociales como la recolección de datos en el sistema de transporte urbano tienen el fin de promover la candidatura oficial para la Presidencia de la República. El Procurador de los Derechos Humanos actuó en legí­timo ejercicio de sus funciones para proteger a la ciudadaní­a de un abuso que se estaba cometiendo al exigir a los usuarios del transporte proporcionar datos fuera de cualquier proporción. El amparo otorgado es fundamental para garantizar a la población el goce de sus derechos. Obviamente la fiscalización del dinero del subsidio es necesaria, pero es a los empresarios a quienes se entrega el subsidio y quienes lo han administrado durante muchí­simos años. ¿Cuándo se les ha exigido cuentas de lo que hacen con el dinero que proviene del erario? Si anualmente ellos hubieran explicado lo que hicieron con el subsidio y cómo lo usaron en beneficio de los usuarios, de acuerdo a la filosofí­a de ese instrumento, tal vez tendrí­an algo de credibilidad sus expresiones a favor de la transparencia, pero todos sabemos que ese subsidio ha ido a un barril sin fondo y nada indica que las cosas hayan cambiado. Tampoco debemos olvidar que los transportistas urbanos fueron financistas de campaña y han estado y estarán en la jugada.