Mario Taracena, jefe de bloque de la UNE, y Roberto Alejos, primer secretario de la Junta Directiva, aclararon que solo fue una omisión en el texto de la iniciativa de reforma al artí­culo 92 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto 21-2006, que no está tratando de favorecer a personas o grupos.

«En la iniciativa 3945 no se hizo referencia a la excepción contenida en el artí­culo vigente, el cual impide la aplicación de dicho beneficio procesal para los agentes encubiertos y obliga a que estos denuncien en los casos de: delitos contra la vida, plagio o secuestro; tortura, lesiones especí­ficas graves o graví­simas; delitos de violación o abusos deshonestos», explicó Alejos en un documento escrito.

«Como jefe de bancada me ofrecí­ como vehí­culo pero respetando el criterio de (Carlos) Castresana. No es así­ o no se estudio la ley. La idea de Castresana no es mala, es para capturar delincuentes y poder llegar a la cabeza», además se persigue la protección de testigos, dijo Mario Taracena como rechazo a una mala interpretación que hicieron seis de sus compañeros de bancada.

El diputado Roberto Alejos explicó: «en el espí­ritu de la reforma, el convenio que determinará los beneficios que pueden otorgárseles a los colaboradores eficaces, siempre tendrá un control judicial, pues finalmente es el juez quien en último caso comprobará o improbará las condiciones del acuerdo que se establezca».

Según Alejos, esa iniciativa forma parte de cuatro, que buscan reformar artí­culos del Código Procesal Penal; Ley de Antejuicios; Ley de Amparo y la Ley Contra la Delincuencia Organizada, orientadas a fortalecer las instituciones vinculadas al sistema de administración de justicia en la persecución, investigación y desarticulación de los grupos de delincuencia organizada.

Ambos parlamentarios opinaron que habrá oportunidad para corregir y enriquecer con criterios de otras bancadas la iniciativa 3945, en trámite ante la comisión de Gobernación.