La corrupción de nuestros políticos es uno de los males más terribles, porque si robarle al erario siempre es malo, es peor cuando se perjudican programas que tendrían que servir para beneficio de la gente más pobre y en Guatemala es demasiado elevado el índice de pobreza como para que no hagamos algo concreto, directo y puntual para luchar contra la corrupción. En ese sentido, el proceso contra cualquiera que haya incurrido en actos corruptos embolsándose dinero público tiene que ser objeto de aplauso y reconocimiento, pero hay que entender que golpes aislados no constituyen en realidad un paso adelante porque aquí todos sabemos que el mal está demasiado generalizado y que no se limita únicamente al comportamiento de uno de los presidentes.
Evidentemente en el caso de Portillo no sólo hubo interés de los medios de comunicación por investigarlo con mayor profundidad de la que se ha mostrado con otros gobernantes, sino que, además, hubo acciones burdas que ahora están reventando en la cara del ex presidente. Pero el mismo domingo, al escuchar en la radio las reacciones de la gente, vi que los guatemaltecos no son babosos y que su primera expresión es que así como ahora se están dirigiendo las baterías contra Portillo, debieran dirigirse contra todos los que de manera burda o sofisticada, se enriquecieron en el ejercicio del poder. Hace pocos días leíamos que en Panamá Jorge Serrano Elías, hombre de gran fortuna económica, dispuso fundar, entre otros negocios, un colegio para la mera élite panameña en el que, según sus palabras, además de calidad académica y preparación para el golf, tenis y equitación, los alumnos recibirán «formación en principios y valores», y lo menos que uno puede hacer es quedar estupefacto por tamaña desfachatez. Jorge Serrano había admitido en los días finales de su campaña, cuando le publicaron la enorme cantidad de deudas que acumulaba, que sí había tenido dificultades económicas «como cualquier persona», pero una vez fuera del poder pasó a ser uno de los hombres más ricos en Panamá donde ha realizado cuantiosas inversiones especialmente en el campo inmobiliario. La forma en que fueron vendidos los activos del Estado en Guatemala nunca mereció una investigación para determinar si hubo corrupción. Ni con Aviateca, ni con Guatel o la Empresa Eléctrica, no se avanzó absolutamente nada en las pesquisas y todo se terminó aceptando como la cosa más normal del mundo. No digamos compras de buses, contrabando, hidrocarburos y minería que también han sido «bien» negociados. Aquí se pueden hacer micos y pericos a la sombra del poder y los que los hacen bien, actuando como hombres de negocios que no meten la mano burdamente en las gavetas donde se guardan los recursos del presupuesto, no sólo se enriquecen sino que además terminan como prominentes empresarios, aceptados por la sociedad y respetados por su astucia, su habilidad y talento para darle vuelta a las leyes. Los que idearon los fideicomisos o planificaron las privatizaciones son abogados prestigiosos porque «supieron hacer las cosas». Necesitamos precedentes, pero no sólo contra los ladronzuelos sino contra los pícaros de cuello blanco, los que siguen presumiendo de honestos no obstante que se hicieron millonarios con las comisiones y movidas bien hechas, sofisticadas y que pasan desapercibidas. Solo así estaremos realmente actuando contra la corrupción como mal generalizado que afecta al país.