Carlos, de 28 años, padecía un cuadro clínico severo de tuberculosis. Un año y ocho meses después de haber ingresado a prisión, fue diagnosticado como VIH positivo. Seis meses después falleció dentro de la cárcel (abril de 2008).
lahora@lahora.com.gt
Lo que complicó su situación fue su estado depresivo, ya que Carlos le comunica a su familia su condición, sin embargo, ésta lo abandona y él decide refugiarse en las drogas, por lo que renuncia al tratamiento.
Si Carlos hubiese recibido atención integral del personal multidisciplinario del Sistema Penitenciario (SP), habría tenido una mejor calidad de vida.
Gustavo Torres, psicólogo clínico y jefe del proyecto Cumbre de la Asociación Salud Integral (ASI), la cual brinda atención a personas privadas de libertad que viven con VIH/Sida indica que el SP no tiene una unidad que se dedique a la prevención y atención a personas viviendo con la infección.
«Es preocupante que el Estado no ponga asunto en estos casos. Esto se debe a que en la mayoría de ocasiones se ve como objeto a los privados de libertad», advierte.
Torres refiere que no existe una plataforma que apoye a las personas privadas de libertad porque se considera que ellas pierden todos sus derechos al momento que son detenidas. «Ellos tienen el derecho a la salud, pero el Estado no tiene ningún programa de atención dentro de las cárceles», aseguró.
Altamente vulnerable
Desde 2006, ASI trabaja en ocho cárceles del SP, por lo que indica que esta población es muy vulnerable, debido al mismo contexto en el que vive.
Desde esa fecha, ASI ha efectuado unas 2,600 pruebas de tamizaje, de las cuales un 2.4% resultaron positivas.
«Al inicio hicimos pruebas en la Granja Penal de Pavón. Al año nos dimos cuenta que la prevalencia estaba aumentado debido a los factores de riesgo que tienen los privados de libertad», dice Torres.
El entrevistado señala que el hacinamiento, el uso de drogas y las prácticas sexuales sin protección son los factores de riesgo que los colocan en una situación de mayor vulnerabilidad ante las infecciones de transmisión sexual y otros padecimientos como la Hepatitis B.
«La mayoría de privados de libertad han adquirido la enfermedad porque no han usado preservativo y debido al poco acceso a servicios de salud del Sistema», aseguró.
Incidencia
El trabajo de ASI se efectúa en ocho de las 19 cárceles que conforman el Sistema Penitenciario, entre ellas: la Granja Penal Pavón, el anexo I al preventivo en Fraijanes, Pavoncito, el Centro de Orientación Femenina (COF), en el Preventivo de la zona18; en tres cárceles de Escuintla: Canadá, el Infiernito y la cárcel para mujeres.
«El porcentaje que tenemos identificado es de 2.4%, y eso nos preocupa porque nos hemos dado cuenta que las personas se están infectando cada día más», manifestó torres.
La mayor incidencia se ha detectado en el Preventivo de la zona 18: y en la cárcel Pavón; cada una con un 40%. El 20% restante se distribuye en las otras seis prisiones.
Torres estima que el porcentaje de prevalencia podría ser el doble (5%), sin embargo, relata que debido a los insuficientes insumos para ofertar la prueba a toda la población, no se ha podido comprobar con certeza tal situación.
Factores de riesgo
Las formas más frecuentes en que privados de libertad han adquirido la infección: por medio de prácticas sexuales sin protección: orales, anales o vaginales.
Por el uso de objetos punzocortantes: transfusiones sanguíneas, realización de tatuajes, compartir agujas no estériles o el uso de piercing.
Gustavo Torres,
Psicólogo clínico
Según Renato Estrada, del SB, éste recibe apoyo directo de la organización internacional Visión Mundial, la cual proporciona el financiamiento a tres organizaciones no gubernamentales que ejecutan programas de atención y prevención en los centros carcelarios.
Hay apoyo en el área Nororiente, en el Suroccidente y en el área Metropolitana, a través de las instituciones: Fernando Iturvide, ASI y la asociación Payasos.
«Las ONG»s tienen su propio personal y llegan a las cárceles donde hacen promoción, prevención, diagnóstico y ayudan con el tratamiento de la población reclusa», informó.
Estrada aseguró que es hasta este año, en el presente mes, que el Programa Nacional de Sida (PNS), y el SP comienzan a discutir la manera en que deberán hacerse cargo de la población afectada, ya que la ayuda de las ONG»s concluye en 2009.
«El PNS ha estado al margen de la problemática», aseveró Estrada.
El entrevistado reconoció que ni en el presupuesto del SP, ni en el de Gobernación existe un rubro específicamente para el programa de atención para esta población.
«Son programas especiales donde la parte rectora debería ser el PNS. El sistema penitenciario a través de Gobernación tiene un rubro para los medicamentos y atención de problemas que entran en salud de la población reclusa, no así algo específico para el VIH», admitió.
Por su parte, Rudy Esquivel, vocero del SP, indicó que: «en el SP estamos vulnerados en infraestructura, le faltan muchas cosas. El problema más fuerte es el cambio radical de cada administración que no tarda en el sistema».
«Hasta que un fenómeno sale a luz, se busca como contrarrestarlo. Estamos viendo qué políticas hacemos, entre ellas la creación de un pabellón especial para la atención de este padecimiento», apuntó Esquivel.