Si se hiciera un ejercicio para verificar cuánto de lo que se ha acordado en las llamadas reuniones Cumbre se cumple, veríamos cuán inútiles resultan esos encuentros que, muchas veces, se diseñan para propaganda de consumo interno, tal y como puede ser el caso de la que se realiza en Guatemala el día de hoy con el tema de la seguridad ciudadana como objetivo fundamental en un país agobiado por la incapacidad de las autoridades para enfrentar el problema de la criminalidad.
En el caso presente se trata de una acción promovida fundamentalmente por el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, en donde se está originando un feroz enfrentamiento de la sociedad con el crimen organizado que aprovecha la debilidad institucional de nuestros países para centrar aquí sus operaciones. Se cuenta con la participación directa del Sistema de Integración regional que no se distingue cabalmente por su eficacia y el apoyo de países amigos que vendrán a escuchar el listado de peticiones que harán los organizadores, más la presencia de muy altos funcionarios norteamericanos que vienen a ratificar su postura, especialmente en el tema del narcotráfico, y de la OEA que, como ya sabemos, es el organismo cómplice de los gobiernos de los países que la integran.
Lo importante es entender que este tipo de reuniones no produce efectos jamás en el corto plazo y rarísimas veces en el largo plazo, por lo que no hay muchas expectativas respecto a lo que se pueda lograr luego de 24 horas de diálogo entre los países agobiados por la inseguridad y los cooperantes que pudieran dar alguna ayuda si es que existieran planes y proyectos concretos para enfrentar con determinación el problema creciente de la inseguridad que agrava la ingobernabilidad.
Sin instrumentos precisos de rendición de cuentas es muy difícil pretender que la comunidad internacional se vuelque en ayuda de estos países que están caracterizados por un manejo por lo menos muy relajado de los recursos. Efectivamente la seguridad es costosa y requiere de inversiones millonarias, pero también hace falta una visión clara de cómo enfrentar ese problema y el punto esencial tendría que ser el fortalecimiento institucional porque justamente la fragilidad del Estado es lo que alienta la presencia de diversas formas de crimen organizado que al final someten a nuestras sociedades.
La urgente necesidad, al menos en el caso de Guatemala, de construir el tejido social para fortalecer institucionalmente a un Estado democrático no puede pasarse por alto porque no basta con meter dinero a un costal sin fondo que permite el derroche de los recursos para actos de corrupción. Si en la Cumbre no se habla de enfrentar el problema de la debilidad de nuestras instituciones como punto de partida, estarán perdiendo el tiempo.