Ya son diez las demandas a las que se enfrenta el Estado español por el recorte en energías renovables. Varias empresas y fondos de inversión extranjeros se han plantado ante el Gobierno y han acudido a diferentes tribunales de arbitraje internacional para reclamar compensaciones millonarias por los daños causados. Critican las medidas legislativas del gobierno, que provocarán un recorte de 1750 millones de euros a las energías limpias.

Con el argumento de la “sostenibilidad” se han aprobado una batería de normas que, según el frente común que han formado las asociaciones españolas de renovables “van encaminadas a aniquilar el sector”. Se prevé que los más perjudicados sean los productores de eólica, que ya han anunciado que paralizarán las inversiones y buscarán negocio fuera. España, que a partir de 2007 se convirtió en uno de los líderes mundiales de energías renovables, ha dado marcha atrás y se encamina a enterrar esta alternativa.

Al mismo tiempo el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, avisa que la solución al cambio climático pasa por reducir de manera drástica las emisiones de CO2 a la atmósfera, que se derivan de la utilización de los combustibles fósiles, entre los que se encuentran el carbón, el petróleo y el gas natural. Por ello los expertos consideran indispensable apostar por un nuevo modelo energético basado en energías limpias, no contaminantes y limitadas.

Lejos de apoyar esta opción el Gobierno español no sólo ha dejado de invertir en investigación y fomento de las renovables, sino que no deja de ahogar al sector. Esto a pesar de que la comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, ha solicitado a España que module un nuevo sistema energético que posibilite la reducción de la dependencia exterior de los combustibles fósiles. Se calcula que el gasto anual para pagar esta importación es de más de 60 mil euros, un 4% del PIB.

Además de los efectos contaminantes de las fuentes no renovables de origen fósil y su inminente agotamiento, la ONG ecologista Amigos de la Tierra sostiene que “su apropiación provoca fuertes tensiones entre países que, en ocasiones, desencadenan conflictos bélicos e injusticias sociales”. Por eso, su alternativa pasa por “permitir que las energías renovables nos hagan vivir en una sociedad más justa y responsable con el medio ambiente”.

Por otro lado las energías limpias tienen un gran potencial de creación de empleo. Varios estudios del Partido Verde Europeo revelan que se podrían crear hasta 20 millones de puestos de trabajo en Europa y dos en España si se apostara por sectores sostenibles como la rehabilitación de edificios para mejorar la eficiencia energética o las renovables.

Sin embargo, el Estado español ha decidido ponerse del lado de los que pretenden acabar con ellas. Ha optado por apoyar al sector eléctrico convencional, que ha desarrollado un oligopolio en España. Para Floren Marcellesi, del partido ecologista Equo, invertir en renovables “no interesa a sectores muy poderosos, financieros e industriales”. Como elemento clave señala también las llamadas “puertas giratorias”, término que designa el hecho de que altos cargos públicos pasen a trabajar, tras su mandato, en empresas privadas aprovechándose de su anterior ocupación. En España ya son una veintena los ex cargos públicos que trabajan en las grandes compañías eléctricas, entre ellos los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González. Marcellesi afirma que esto hace que “sus intereses se entremezclen y las necesidades de las personas y del planeta dejan de ser la prioridad”.

El desarrollo de las energías renovables es una cuestión de voluntad política. Ante la amenaza del cambio climático su fomento se erige como una alternativa viable y eficiente, que garantiza una sociedad sostenible y respetuosa con el medioambiente. La apuesta por las energías limpias refleja un compromiso con una vida humana digna para las generaciones que vienen.