La eterna lucha entre el medio ambiente y el desarrollo parece no acabar, un claro ejemplo lo constituye la pugna entre los ministerios de Energí­a y Minas y Ambiente y Recursos Naturales, lucha que se desarrolla por la posible ampliación de los trabajos de la empresa Perenco en el campo petrolero Xan, en Petén.

Se conoce que actualmente en Guatemala existen 91 áreas protegidas, cuya extensión suma aproximadamente 3 millones de hectáreas que son equivalentes al 28% del total del territorio nacional.

Al mismo tiempo, existen empresas que desarrollan sus actividades en estas áreas de reserva, el ejemplo más claro es precisamente Perenco Guatemala Limited, quién figura como titular del contrato de operaciones petroleras 2-85 que le concedió un plazo de 25 años para extraer petróleo en el área que luego fue denominada como protegida.

El contrato de Perenco vence el próximo 13 de agosto de este año, por lo que se ha desatado una lucha entre ambos ministerios, el primero en busca de que se amplí­e 15 años más la extracción del oro negro, mientras el segundo solicita que esto no suceda, pues se corre el riesgo de la depredación del lugar.

Los titulares de las carteras, Carlos Meany, de Energí­a y Minas, (MEM) y Luis Ferraté, de Ambiente y Recursos Naturales, (MARN), han presentado sus posturas ante el presidente ílvaro Colom, quién decidirá finalmente. Ferraté incluso ha anunciado que renunciará al cargo de concederse la prórroga.

Pero mientras esta pugna continúa, Guatemala sigue ocupando el puesto cuarto, a nivel mundial, en ser afectado por el cambio climático, cuestión que se hizo evidente en 2009, con la crisis alimentaria y continuará este año a causa de las pocas lluvias.

Al respecto, César Barrios, de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación, (Fundaeco), opina que en este problema se debe evaluar el costo beneficio de que Perenco continúe o no con la extracción de petróleo y con ello determinar qué es lo más importante para Guatemala tomando en cuenta la situación actual.

«Guatemala tiene que buscar qué es lo que quiere, si un desarrollo por medio de la industria o un desarrollo por medio de la industria ecológica, pues en la Laguna del Tigre se podrí­an generar los mismos beneficios que se tienen con Perenco, con una inversión en ecoturismo», explica el entrevistado.

Por otro lado, Yuri Melini, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social, (CALAS), indica que debido a que las áreas protegidas están consideradas en el artí­culo 64 de la Constitución Polí­tica de la República, la extracción de hidrocarburos u otros trabajos de esta í­ndole están prohibidos.

Por ello, según la percepción de CALAS, el contrato de la petrolera no debe ser ampliado, pues de alguna manera es ilegal.

Por ello, el ambientalista asegura que «en estos momentos lo que cuenta es que el contrato va a vencer y que como consecuencia de ello cualquier renovación de éste es ilegal, y nosotros en CALAS vamos a accionar legalmente en la Corte Suprema de Justicia porque esa es una violación al estado de Derecho», asegura el entrevistado.

Las dos posturas

El contrato 2-85, otorgado en 1985 permite que la extracción de petróleo en el Campo Xan sea administrado por Perenco Guatemala Ltd, cuya concesión vence en agosto de 2010.

Según información proporcionada por René Rodrí­guez, del departamento de comunicación del MEM, éste es un contrato suscrito en 1985, mientras que la Ley de íreas Protegidas surgió en 1989 y la Ley de la Biósfera Maya en 1990.

Por ello, explica que las leyes para áreas Protegidas, 4-89 artí­culo 20 y 4.90 artí­culo 6, contemplan la continuidad de las operaciones petroleras e industriales existentes en este momento.

«Este es un contrato vigente hoy y al prorrogarlo en el tiempo se continúa con los derechos que tení­a desde 1985», explica el documento.

Además se señala que tampoco existen convenios internacionales que indiquen que se viola algún derecho con esta extensión, ya que de lo contrario Guatemala hubiera sido sancionada, aunque esto no ha sucedido durante los últimos 25 años.

«El CONAP tiene una polí­tica nacional de humedales que estableció en el 2005, que no menciona la explotación petrolera como una amenaza, en ninguna área. La depredación del parque nacional Laguna del Tigre, ha sido causada por invasiones, narcotráfico, narco ganaderí­a, quema de árboles, tráfico de personas», se indica.

Por otro lado, la postura del MEM indica que el área que ocupan todos los pozos en el campo Xan es de 80 hectáreas, es decir 1.3 caballerí­as.

Además, según Carlos Meany, la prórroga del contrato 2-85 representa en términos económicos ingresos por casi Q1 mil millones por año, que financia una parte importante del presupuesto nacional.

Se contactó también al MARN, sin embargo, Claudia Santizo, encargada de comunicación de la cartera, indicó que por el momento no se dan declaraciones sobre el asunto.

Por otro lado, al ser consultado sobre la postura del MEM, el representante de CALAS señala que la temporalidad del contrato indica que la Ley entró en vigencia años después, sin embargo, explica que debido a la supremací­a de la Ley, la renovación del contrato serí­a ilegal.

Por ello, se prepara ya un amparo preventivo con el tí­tulo «ante un daño permanente», que será presentado luego de la Semana Santa y con el que se pretende evitar que el presidente ílvaro Colom suscriba el acuerdo gubernativo para autorizar la prórroga.

Consecuencias del descuido

Sobre el problema de contaminación y depredación en el campo petrolero Xan, Melini indica que ha lo largo de los 25 años en que se ha extraí­do el crudo, se ha provocado un gran impacto, no solo en la zona de extracción sino también por la facilidad con la que se abrió una brecha carretera que a la vez provocó que, con la falta de control, se dieran invasiones y usurpaciones dentro del área protegida.

Además, para el ambientalista de CALAS es importante señalar que una causa del deterioro del parque Laguna del Tigre se fundamenta en que la misma actividad extractiva favoreció a las migraciones, la depredación del patrimonio cultural y el tráfico de la flora y fauna silvestre. Agregándose a esto la narco actividad y la narco ganaderí­a.

Por otro lado y a nivel general, para el representante de Fundaeco es importante evaluar el costo de beneficio de una construcción o trabajo pues «muchas veces no solo dañan el medio ambiente sino también a las personas y comunidades asentadas en esas áreas», indica.

Por ello, para Barrios es importante dar valor a las organizaciones ambientalistas, incluyendo al MARN, pues estos son los órganos que aprueban los estudios de impacto ambiental para determinar el peligro o no de instalar o continuar con trabajos de extracción.

Otra consecuencia del poco cuidado en el medio ambiente se ha visto con claridad a través de los efectos en Guatemala del cambio climático. Por ello, el ambientalista de Fundaeco no descarta que los empresarios deban invertir en la mitigación y la adaptación a este, «porque si no, las empresas mismas van a perder», indica.

Reservas como fuentes de trabajo

Para César Barrios es importante que las áreas protegidas no sean vistas únicamente como un sector de conservación, sino como un área que puede ser fuente de desarrollo económico importante para las comunidades cercanas.

Para ello, según explica, las áreas se delimitan en una zona núcleo, que no se puede tocar, áreas de manejo y espacios similares denominados «de usos múltiples». Lo que se busca entonces es que el sector ambiental contribuya al desarrollo de la población cercana y que esto se pueda lograr con un adecuado manejo y educación de las personas.

Otra fuente de ingresos es el «ecoturismo», que se trabaja dentro del área protegida y que se realiza con el fin de atraer visitantes y contribuir con los ingresos de las familias.

Además, se han creado otros mecanismos como la Guí­a Ambiental para el Sector de Desarrollo de Infraestructura Urbana en Guatemala, que es un instrumento técnico ambiental y social creado para orientar a los usuarios del sector construcción sobre la infraestructura urbana y sus servicios.

Ello para fijar lineamientos y medidas ambientales que prevengan o mitiguen los efectos negativos que puedan generarse en el desarrollo de esta empresa.

Otro instrumento, creado por el sector empresarial es el Centro guatemalteco de producción más limpia (CGP l), cuyo fin es desarrollar, facilitar servicios y fortalecer la capacidad local en la aplicación de Producción más Limpia para hacer las empresas nacionales más eficientes, competitivas y compatibles con el Medio Ambiente.

El CGP l cuenta con el apoyo de instituciones como la Cámara de Industria de Guatemala, Universidad del Valle de Guatemala, y la Asociación de Azucareros de Guatemala.

Además, según información del MEM, la Polí­tica Energética de la cartera, que incluye áreas de Energí­a, Minerí­a, Hidrocarburos (combustibles, petróleo), está relacionada con la protección del medio ambiente.

También existe el viceministerio de Desarrollo Sostenible, que promueve el diálogo con lí­deres comunitarios, en las distintas áreas, y promueve la protección, cuidado y desarrollo de recursos naturales.