El conflicto social derivado de la construcción de hidroeléctricas en el país se agudiza, cada día las poblaciones adoptan posturas hostiles ante el desarrollo de estos proyectos. Por su parte, el Gobierno toma sus acciones, y para mantener el tan anhelado –por los inversionistas y demás individuos que comparten estos principios– Estado de Derecho, utiliza todos los instrumentos que tienen a disposición para hacerlo prevalecer.
En Guatemala como en casi la totalidad de lugares del mundo, se demanda energía eléctrica, misma que localmente se cubre mediante la que es generada en hidroeléctricas, y la parte restante es obtenida de los combustibles fósiles. Es de conocimiento público, que la primera forma de generación expuesta anteriormente es la denominada energía limpia, lo que significa que sus daños al medio ambiente son casi nulos; la segunda forma de obtención es contaminante, además de ser variable y dependiente a lo que acontezca con los precios del petróleo a nivel mundial.
Bastantes coinciden en la necesidad de abandonar la dependencia de los hidrocarburos como medio de generación, sin embargo, esto es algo complicado, porque el cambiar una matriz energética es costosa, empezando por las inversiones que deben realizarse en lo que a construcción de hidroeléctricas se refiere. En este mismo sentido –como ya se ha confirmado con los últimos acontecimientos en Huehuetenango– se comprueba que en la práctica no es tan sencillo como parece en la teoría, y bastaría con saber que la implementación de nuevas fuentes generadoras de hidroenergía es la solución para cubrir la demanda, contaminar menos, reducir hasta cierto punto la tarifa y hasta fuera posible exportar energía.
Al analizar lo anteriormente descrito, pareciera que las protestas sociales relacionadas con el tema son inválidas y que todo es parte de una manipulación de las comunidades, para que estas ilógicamente se opongan a los beneficios que ocasionaría la construcción de estas estructuras. Pero, al profundizar objetivamente en el tema, existen ciertas contradicciones generadoras de conflictos y descontentos, las que pueden verse ejemplificadas en la no obtención de beneficios de las comunidades rurales cercanas a estos mega proyectos.
Entonces, siempre y cuando existan comunidades cercanas al Chixoy que aún carezcan del servicio de energía eléctrica o mientras se siga cobrando elevadas tasas de alumbrado público –ofreciendo un mal servicio y en el peor de los casos la inexistencia de este–, serán pocas las comunidades que deseen darle paso a estos mega proyectos. Es necesario mencionar lo anterior, porque para los que conocen de casos concretos de formas de generación en países europeos, sabrán que los lugares cercanos a las represas obtienen el servicio a un precio simbólico y en algunos casos este es cercano a cero, es decir, que existe disputas entre las regiones por captar este tipo de inversiones.
En conclusión, sería mucho pedir que las cosas se hagan como en países del primer mundo, pero, definitivamente las cosas deben cambiar si se desea alcanzar la paz social que tanto se promueve en la actualidad. Es innegable que la generación de energía es clave si le apostamos al desarrollo del país, sin embargo, no debe perderse de vista que el desarrollo va más allá de la simple elevación de ingresos, y esto debe transformarse en una adecuada política redistributiva, no sólo de ingresos, sino más bien de acceso a las bondades que brinda la modernidad.