La ley contra el crimen organizado en Guatemala, que permite las escuchas telefónicas y la utilización de agentes encubiertos, entró en vigencia ayer, aunque el Estado aún carece de los recursos financieros y tecnológicos para su funcionamiento ideal.
El fiscal contra el crimen organizado del Ministerio Público (Fiscalía), Jorge Donado, sostuvo a medios locales que para la implementación de la normativa se necesita presupuesto, tiempo y planificación, por lo que, según él, no se podrá aplicar de inmediato.
«Necesitamos los fondos para adquirir todo el equipo que se usará en las pesquisas que nos permitan dar con los delincuentes», subrayó Donado.
Por su parte, la ministra del Interior, Adela de Torrebiarte, consideró necesario capacitar a investigadores de la Fiscalía y a los jueces para que la medida se aplique eficientemente. Además, aseguró que en las próximas semanas se iniciará el proceso de licitación para las escuchas telefónicas.
La ley contra el crimen organizado tiene como propósito fundamental investigar extorsiones y conspiraciones, secuestros, narcotráfico, robo de vehículos y bancos, entre otros delitos. Además, permitirá la utilización de agentes encubiertos en las bandas del crimen organizado para llegar a los «capos» de las mismas, así como el control de la «entrega vigilada» de estupefacientes.
La directora de la organización no gubernamental, Seguridad en Democracia (Sedem), Iduvina Hernández, criticó las facultades que la nueva medida otorga a las fuerzas de seguridad para realizar funciones intrusivas a la privacidad de los guatemaltecos.
«Lo perjudicial en este caso es que, ante la falta de recursos, las autoridades podrían apoyarse en el Ejército o empresas privadas que presten el servicio de intervenciones telefónicas, situación que iría en contra de la seguridad democrática», afirmó a la AFP.
El director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco, al tiempo de manifestar que si la ley se aplica correctamente puede tener efectos positivos, dejó entrever su preocupación por la posible aplicación política de las escuchas telefónicas.
«La ley contra el crimen organizado faculta a las fuerzas de seguridad para violar la privacidad de los guatemaltecos y si se usa con fines políticos puede ser fatal para la democracia en Guatemala. Ahora la intervención de las llamadas se hará de forma legal, antes se hacia ’de facto’», aseguró Polanco.
Para el activista humanitario, también es preocupante el hecho que en este país centroamericano no exista personal calificado para aplicar lo establecido en la normativa, por lo que, a su criterio, es necesario crear un mecanismo para capacitar al personal.