Como corolario de la inscripción como candidato a diputado, con derecho a inmunidad, del general Efraí­n Rí­os Montt, pensamos que es necesario llamar la atención de quienes están empeñados en su juicio y castigo para que enderecen sus acciones en donde corresponde a efecto de lograr que se cumpla la justicia. Y es que es mucho más fácil acudir a la Audiencia Nacional de España, apelando a la justicia universal que es capaz de generar mucha publicidad y simpatí­a entre quienes financian a distinto tipo de ONG´s, que recorrer el duro y arduo camino de forzar a que la justicia guatemalteca cumpla con su deber y cometido.

El ilustrativo caso de Augusto Pinochet es algo que debieran tomar en cuenta los activistas que litigan en Madrid, puesto que a pesar de los aires españoles, que sostienen que pueden juzgar y condenar a cualquiera porque ellos son administradores de la justicia universal, el caso del dictador chileno no prosperó efectivamente hasta que no se hizo trabajar, a la fuerza y bajo enorme presión social, a la propia justicia de Chile.

No puede ser que habiéndose cometido crí­menes en nuestro paí­s, la única esperanza de administración de justicia es que la Audiencia Nacional de España nos haga el favor de mantener un proceso mediante petitorios cursados a través de las cancillerí­as para lograr que se indague a los acusados. Si los crí­menes fueron cometidos aquí­, los equipos de abogados de la parte acusadora tendrí­an que estar de forma permanente presionando a los fiscales para que avancen localmente en las investigaciones y tendrí­a que haber una permanente campaña de difusión de los hechos, a manera de crear conciencia entre la población respecto a qué ocurrió durante el conflicto y quiénes fueron los responsables de atrocidades de uno y otro lado.

Lo peor que nos ha pasado es el borrón y cuenta nueva de facto que vive la sociedad guatemalteca para dejar atrás esa negra y oscura noche que significó el enfrentamiento. Porque ni avanzamos para evitar que se pueda repetir un conflicto originado en profundas causas de desequilibrio social, ni deducimos propiamente las responsabilidades.

Importa un pepino si uno de los acusados es o no candidato o funcionario y si goza o no de inmunidad. La inmunidad es un mecanismo para evitar juicios incoados maliciosamente para afectar polí­ticamente a alguien, pero aunque en la práctica se ha convertido en impunidad, no tiene por qué serlo si es que como ciudadanos aprendemos a ir más allá de las palabras. Tanto que se habla contra Rí­os Montt, por ejemplo, pero lo que hace falta es que se actúe con el aporte de pruebas y la documentación correspondiente para que no sea a control remoto un juez español el que nos haga el favor, sino para presionar y forzar a nuestra justicia a cumplir con su deber.