Con un presupuesto anual de Q505 millones, el Legislativo no es el organismo con la mayor asignación de recursos del Estado, pero sí realiza un importante desembolso de fondos para su funcionamiento y a la vez, es una de las entidades más criticadas por los guatemaltecos debido a sus escasos logros y la actitud incoherente de los parlamentarios con respecto a las demandas sociales.

En un año, al menos Q3 millones 164 mil cuesta cada diputado
En base solo a lo presupuestado, esa es la cantidad anual que le cuesta al pueblo tener sus 158  “representantes” ¿Se siente usted representado por algún diputado?

El monto anterior no va a  la bolsa del diputado, pero eso es lo que nos cuesta mantener la estructura del Congreso, sus diputados, asesores, personal completo, inmuebles, vehículos, etc.

A lo anterior, hay que agregar el monto presupuestado del listado geográfico de obras por medio del cual, algunos diputados se aseguran de llevar “obras” a sus comunidades, pero sobre todo beneficios para su persona y sus allegados.

“¿Hasta cuándo soportaremos?”, “¿Por qué no aprueban esa ley a la que temen?”, “están ganando injustamente un gran sueldo en forma inmerecida”, “el Congreso debe ser depurado con prontitud”; éstas son algunas de la opiniones de lectores del diario La Hora sobre el desempeño de los diputados en el Hemiciclo, que en buena medida reflejan el sentir de la opinión pública.
     
De esa cuenta, la representatividad del pueblo en los parlamentarios es una premisa que parece alejarse cada vez más de la realidad, al punto que la imagen del Congreso ha sido seriamente desgastada ante la sociedad, debido a los escándalos en las sesiones de pleno, el nepotismo, la falta de ética, los sobornos, y sobre todo, a la falta de interés para aprobar las leyes que exige la población.

Esto lleva a los guatemaltecos a preguntar ¿cuál es el costo del Congreso?

IMPACTO SOCIAL
“El costo que tenemos que asumir los ciudadanos es sumamente caro en salarios, viáticos, dietas, viajes y comida, que resulta exagerado si se compara con lo poco que producen los diputados en beneficio a la población”, explica David Gaytán, analista de la organización Acción Ciudadana.

“Muestra de ello es lo que está pasando con la ley contra la corrupción, la cual es solicitada por varios grupos que buscan transparentar el gasto público”, señala el analista, en referencia a la iniciativa de ley penal contra el enriquecimiento ilícito, que estuvo engavetada durante más de diez años y ahora se encuentra estancada en el pleno por el desinterés de los parlamentarios.

Gaytán considera que, aunque el peso económico del Legislativo es importante, el costo de su improductividad tiene más relevancia; cree también que el rendimiento debe medirse por su impacto social y no de forma cuantitativa, según el número de leyes aprobadas o citaciones a funcionarios, o sesiones de comisiones de trabajo.

Por ejemplo, la no aprobación de la iniciativa de ley penal contra el enriquecimiento ilícito, la escasa discusión de la ley de desarrollo rural y la modificación a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –exigidas por la población–  tienen más peso que la aprobación de la Ley de la Vivienda, que si bien es importante, nada cambiará si no hay un marco transparente para el manejo de los recursos.

Sin embargo, en los análisis cuantitativos tampoco hay resultados alentadores, pues en lo que va del año han sido presentadas 127 iniciativas de ley y aprobadas solo 26, según datos de la Dirección Legislativa del Congreso. La cifra se aleja del trabajo realizado en el primer año de la legislatura pasada –en 2008–, cuando se aprobaron 72 decretos.

“Los frutos han sido menores que en otros años; al menos en el primer año siempre se aprueban leyes importantes, pero estos nueve meses no han generado ningún beneficio, y más bien han utilizado el tiempo para pelearse”, estima Gaytán.

Entre los proyectos aprobados se encuentra la Ley de Actualización Tributaria, la Ley Antievasión II, la Ley de la Vivienda, y el proyecto que da vida al Ministerio de Desarrollo; además, se eligió al Procurador de los Derechos Humanos, elección en la que el bloque oficial jugó un papel fundamental; estas iniciativas y la elección han sido promovidas especialmente por las fuerzas políticas del Ejecutivo, que tienen en el Legislativo una representación oficialista mayoritaria.

Pero entre las grandes deudas pendientes de los congresistas se encuentran las iniciativas de ley penal contra el enriquecimiento ilícito –que retóricamente apoya el Gobierno– y las reformas a la ley de la Contraloría, así como el proyecto que elimina el secreto bancario y las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos.

PESO ECONÓMICO
El gasto en viajes y viáticos es uno de los tantos factores que genera crítica entre la ciudadanía, ya que en lo que va del año 24 congresistas han salido al exterior, sumando unos US$42 mil 550 –cerca de Q340 mil– en concepto de viáticos. Algunos parlamentarios, incluso siendo invitados por instituciones u organizaciones extranjeras que les pagan sus gastos, no pierden oportunidad para exigir fondos de las arcas del Congreso.

Algunos de los países que han sido visitados por los autodenominados “padres de la patria” son Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos, Suiza, Taiwán, República Dominicana y Panamá. La mayoría de congresistas que han sido beneficiados son del partido oficial, según lo revela el informe de viajes colgado en el portal del Congreso.

Según Acción Ciudadana, no hay controles a lo interno del Congreso y por eso “los diputados estás acostumbrados a hacer lo que les da la gana, porque saben que no serán sancionados, y si a eso le sumamos que tienen inmunidad, pueden pasar varios años para que se las retiren”. “Se sienten confiados”, sentencia Gaytán.

Pero los viajes no representan el mayor gasto del Legislativo; el pago a los trabajadores requiere de millones de quetzales mensuales, ya que el Congreso es la única institución en donde no existe una política salarial, al punto que hay trabajadores que devengan hasta Q50 mil, y además gozan del beneficio de un aumento salarial del 10 por ciento cada año.

Datos del Legislativo dan cuenta que para pagar a mil 329 trabajadores ubicados en el renglón 011 el Estado debe desembolsar Q13 millones mensuales, mientras que para los 474 trabajadores contratados en el 022 son Q3 millones y Q1 millón 360 mil más para el personal contratado con el régimen 029.

En los salarios hay grandes brechas, de tal manera que algunos conserjes devengan hasta Q16 mil, hay secretarias con salarios de hasta Q30 mil y algunos ujieres con sueldos de Q9 mil. 

Sin embargo, los diputados siempre se llevan la mejor parte; tienen asignados  Q4 millones 365 mil 700 mensuales solo para los salarios de 149 representantes. Además se destinan Q933 mil mensuales en pagos para asesores de la Junta Directiva, Q9 mil 671 para la alimentación en cada sesión plenaria celebrada, Q141 mil mensuales para cada una de las comisiones de trabajo y Q120 mil mensuales de fondos rotativos.

De los salarios de la Junta Directiva del Congreso no se cuenta con información, pues los datos son ocultados a la población.

Nineth Montenegro elaboró una propuesta para mejorar los mecanismos de contratación de personal, sin embargo la situación se torna complicada, ya que el Congreso cuenta con un pacto laboral colectivo, que no parece ser punto de discusión para los trabajadores.

El pacto fue suscrito en el 2006, durante la gestión de Jorge Méndez Herbruger, y “con esto solo se comprometieron los fondos en aumentos desmedidos”, señala el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Christians Castillo.

El analista considera que el trabajo del Congreso no ha sido acorde con lo que pide la población, sino que ha respondido al plan político del gobernante Partido Patriota.

Por eso sugiere fortalecer los partidos políticos y modificar la Ley Orgánica del Congreso, para que los llamados “Padres de la Patria” se encuentren sujetos a mecanismos que los obliguen a cumplir con el papel que la población les encomendó al elegirlos.

El presidente de la Comisión por la Transparencia, Amílcar Pop, considera que las reformas a la ley orgánica son necesarias para normar varios temas como el gasto en cajas chicas, viáticos, etc.

“El gran aliado que debe tener una institución pública es la transparencia; es importante generar mecanismos de transparencia”, resalta Pop, sin embargo reconoce que el principio de esa causa, que es la aprobación de la ley contra la corrupción, está estancada por culpa de los mismos diputados.

Para los entrevistados, el desgaste del Congreso ha crecido a pasos agigantados de manera que si los diputados no son cautelosos, se corre riesgo que la ciudadanía llegue al punto de exigir una depuración; ese extremo podría darse al confirmar que no hay alternativas para recobrar la credibilidad  de este alto organismo.

FINANCIAMIENTO ELECTORAL
Además de lo que le cuesta a los ciudadanos, que con sus impuestos mantienen a un órgano como el Congreso, no se debe perder de vista la “inversión” que hacen los financistas de campaña con el afán de tener “su diputado” el que, además de responder a los intereses de éstos, ejercen protección al mismo y fungen como ejecutores de negocios para aquel o aquellos que lo han llevado al poder.

La población en general no puede tener acceso a sus diputados y tampoco se le ofrece a ésta un mecanismo de comunicación directa con “sus representantes”. Cosa contraria sucede con los financistas, quienes sí cuentan con un medio de comunicación directo, además que los diputados periódicamente les reportan o consultan acerca de las posturas que deben asumir.

En muchas ocasiones esos financistas de campaña ejercen de negociadores con sus contrapartes, para luego dar directrices a los diputados. En la actual legislatura, hay un número reducido de legisladores que también forman parte de las negociaciones que luego derivan en directrices a las bancadas.

Por todo lo anterior, es que tan importante como la ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, es la reforma a la ley Electoral y de Partidos Políticos, con el afán que se pueda transparentar el financiamiento de los mismos y de esa manera, que sea más difícil que los legisladores protejan, a través de influencias, los intereses de sus contribuyentes.