Como si se tratase de datos confidenciales o información propia de empresas privadas, instituciones estatales niegan el libre acceso a la información pública y dificultan la fiscalización social sobre el gasto público.
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Los gastos del Presidente y su comitiva en los viajes al extranjero, las transferencias del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) a organizaciones no gubernamentales, y la ejecución de gastos de la Secretaría de Comunicación Social son sólo algunos de los datos a los que no se puede acceder, pues las instituciones encargadas de hacerlos públicos no cumplen con la Ley de Libre Acceso de la Información.
Lo anterior, sin tener en cuenta lo tortuoso que significa obtener información de los programas insignias de este gobierno, a cargo del Consejo de Cohesión Social.
La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, recibió del Ministerio de Educación la información de los beneficiarios del programa presidencial Mi Familia Progresa, luego de varios meses de insistencia y contratiempos.
Sin embargo, los datos le fueron entregados en el formato digital PDF, con lo que la labor de fiscalización se hacía casi imposible.
«Para fiscalizar el programa Mi Familia Progresa tuve que esperar durante meses la información; después, enfrentar los obstáculos técnicos que implicaba recibir los datos en un formato complicado para la revisión y por último, contratar expertos» para poder revisar los datos, señala la legisladora.
A criterio de Montenegro, promotora del libre acceso a la información, «ya es tiempo de pensar en reformas a la legislación, porque está visto que los gobernantes no la aplican como debe ser», al tiempo que utilizan técnicas dilatorias y excusas para no cumplir con su obligación de entregar la información pública a quien la solicite.
De acuerdo con la citada normativa, deberá ser pública la información concerniente a la administración de gobierno, siempre que la publicación de esta no afecte la seguridad nacional o las misiones diplomáticas.
Sin embargo, un gran cúmulo de datos, que debería permanecer a la vista pública, como información de oficio, se encuentra oculto para la ciudadanía, con lo que se limita la fiscalización social del gasto público.
Sin embargo, pocas son las autoridades que cumplen a cabalidad con la ley. «El mensaje que se percibe con los mecanismos dilatorios para retrasar la entrega de información, es que los gobernantes creen que son los dueños del Gobierno; no tienen claro que deben rendir cuentas a los ciudadanos», añade la legisladora
EN LAS SOMBRAS
La información de los millonarios traslados de fondos de Fonapaz a organizaciones no gubernamentales efectuados del 2008 al 2010 se encuentra oculta entre las sombras de la discrecionalidad.
Ni siquiera el Ministerio de Finanzas tiene registros de esos movimientos, de acuerdo con una carta girada al Diario La Hora. Por otro lado, al solicitar esa información a la Unidad de Acceso a la Información (UAI) de Fonapaz, ésta no entregó los datos solicitados.
Al cumplimiento de diez días después de realizada la solicitud, la UAI pidió un nuevo plazo de 10 días. No obstante, la ley es clara cuando indica que la extensión de tiempo para entregar una solicitud se hace dos días antes.
Otro caso de secretividad injustificada es la falta de información de los gastos del presidente ílvaro Colom y su comitiva en viajes al extranjero. Los datos detallados de esos gastos se pidieron a la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría General de la Presidencia, pero la respuesta no daba esos detalles.
Frente a la imposibilidad de fiscalizar los viáticos del Presidente en los viajes, el contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, dijo que se comunicaría con La Hora el pasado lunes, pero el fiscalizador del gasto público también permaneció en silencio.
RETRASADOS
Existen otras técnicas que impiden la fiscalización del gasto de las instituciones del Estado. Una de las más comunes es mantener desactualizada la información de oficio que debería estar colgada en los portales de internet de los ministerios y secretarías del Estado.
Un ejemplo de esa condición lo ofrece el portal Guatemala.gob.gt, de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, la cual no mantiene al día la información que debería estar disponible hasta el mes abril.
Otra forma de dificultar la fiscalización del gasto es el uso de documentos, en los que se necesita de una exhaustiva y detallada revisión de datos, para poder comparar y verificar que se estén ejecutando de forma adecuada. Para conocer los salarios de funcionarios y trabajadores del Estado, por ejemplo, se tienen que cotejar dos listados.
«Eso pone en evidencia que no hay una política de cumplimiento de la ley de parte del Estado; el hecho de que no se promocione la legislación y que no haya instructivos ha dejado el cumplimiento a discreción de los funcionarios», opina Manfredo Marroquín, de la organización Acción Ciudadana.
A criterio del analista, eso refleja «mucho discurso y poco compromiso» de parte del Gobierno. «Invitaría a la prensa y a la ciudadanía a presionar al Gobierno para que actúe.
La Procuraduría de Derechos Humanos, como ente rector de la ley, ha realizado pronunciamientos contra quienes incumplen con los principios de libre acceso a la información, sin embargo su campo de acción es limitado.