El reciente suceso de la improcedente inversión de recursos del Organismo Legislativo en una empresa dedicada a actividades de bolsa ha desencadenado una serie de acciones y reacciones donde se han producido opiniones que llegan hasta el punto de decir que es necesario depurar al Organismo Legislativo, modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, aprobar aceleradamente la Ley de Acceso a la Información Pública para hacer transparente el manejo de los asuntos públicos, redefinir el financiamiento de las campañas políticas, tipificar delitos y sanciones a quienes no respeten y violen la Ley Electoral, el financiamiento, las campañas en su período, revisar aspectos constitucionales como es el aporte al deporte, determinar o establecer el número de diputados que integran el Congreso de la República y muchos otros temas.
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Podría también considerarse que la transparencia no sólo debe verse en relación al Gobierno, sino debería de verse en relación al sector privado, para que de esa manera; por ejemplo, se estableciera que no pueden existir sociedades mercantiles con acciones al portador, transparentando no sólo la propiedad sino evitando las operaciones de traslado de patrimonio de forma dudosa, también normar sobre otros diferentes aspectos patrimoniales y así poder evitar el enriquecimiento dudoso o sin causa evidente porque aunque esto pueda argumentarse que crea algún peligro o inseguridad, por el otro lado da una certeza y transparencia que evitar el enriquecimiento ilícito de todos los sectores y de todas las personas.
¿Quién, cómo, cuándo y dónde deben hacerse estos cambios dentro del respeto a un sistema democrático? Por supuesto, también debemos señalar que hay quienes les gustaría volver al pasado, a los gobiernos autoritarios, a gobiernos estilo Lucas donde se aparentaban las elecciones pero sabiendo de antemano que quien contaba los votos elegía al Presidente, Vicepresidentes, diputados y hasta los alcaldes.
Volver al pasado indudablemente es un retroceso y aspirar a un mejor futuro nos coloca ante lo ya indicado: «el cómo, cuándo y dónde. Quienes respetan el Estado de derecho y aspiran no sólo a una democracia limitada, cada vez más fuerte, saben y nadie se atreve a negarlo, por lo menos públicamente, que el procedimiento es rehacer el pacto social, plasmado dentro de la Constitución.
En otras palabras, ante la crisis, ante la crítica, ante el abuso de poder, ante la falta de una efectiva democracia plena, debemos de considerar la reforma de la Constitución.
La iniciativa la tiene el Presidente en consejo de ministros, la tienen diez o más diputados al Congreso de la República y la tiene el pueblo mediante petición directa al Congreso con un respaldo de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados.
Al plantear y efectivamente decidir abordar la reconstitución del pacto social, siempre salen los que sin decirlo pretenden en el fondo que no se haga o que se limite al poder constituyente, al hacerlo con el argumento que la actual Constitución dejó establecidos candados al respecto, candados que improcedentemente pretenden hacer efectivo que la Constitución se modifique al decidir así hacerlo, en una parte sólo por el Congreso y en otra parte por un poder constituyente, olvidándose que el poder constituyente, dentro del sistema democrático, nace y muere una vez cumplido con su objeto y que por lo tanto un nuevo poder constituyente es superior a cualquier limitación o restricción que se pretendiera ponérsele, ya que una vez electo es eso, el poder constituyente.