El 45 por ciento de la población guatemalteca no tiene acceso a los servicios de salud, el sistema hospitalario se encuentra en crisis y la salud preventiva no ha sido prioridad. Ante esa situación, ha surgido la necesidad de establecer un marco regulatorio que coordine el sistema de salud pública mediante la Ley de Protección Social de la Salud.
La iniciativa persigue establecer políticas públicas que fomenten la inclusión social en salud y una efectiva coordinación entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para alcanzar la cobertura universal, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad en la prestación de beneficios y servicios a la población.
También se propone crear el Sistema Nacional de Protección Social de la Salud, mediante el cual se hagan efectivos los mecanismos de coordinación y de cooperación entre instituciones públicas y privadas que lo integrarían.
Quiénes integrarían el sistema
Se plantea que el Sistema esté conformado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, comunitarias, privadas e internacionales que desarrollen acciones en este ámbito y los órganos del Sistema Nacional de Protección Social de la Salud, tales como el Consejo Nacional para la Protección Social de la Salud, el Consejo de Participación Ciudadana para la Protección Social de la Salud y el Instituto de Protección Social de la Salud.
Los principios que rigen la propuesta son los de universalidad, calidad, que sea gratuito y de solidaridad, entendida ésta última como el principio por medio del cual aquellos sectores de la sociedad con mayor capacidad de pago contribuyen al financiamiento del Sistema Nacional de Protección Social de la Salud, con el objeto de que toda la población reciba los beneficios y servicios, independientemente de los aportes al Sistema.
Servicio gratuito
Al hablar de que se busca un servicio gratuito, se establece la garantía de recursos financieros para la provisión de servicios de salud, responsabilidad indelegable del Estado y un derecho de la población; en consecuencia, ninguno de los titulares de los derechos contemplados, cuando se trate de servicios públicos, deberán realizar gastos de bolsillo adicionales a las responsabilidades fiscales y tributarias contempladas en la legislación nacional.
Además se busca fomentar las capacidades públicas para garantizar la prestación, cobertura y calidad de la salud y la seguridad social, tanto para la población actualmente asegurada, el resto de la población económicamente activa, como para la población en general.
Ampliación de cobertura
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, deberán iniciar de manera coordinada e inmediata el proceso de ampliación de cobertura de la protección social de la salud, hasta lograr, en un término no mayor de 10 años, el acceso universal y equitativo a los beneficios y servicios, en función del bienestar de la población guatemalteca.
Para ello se plantean varias etapas, en la inicial se deberá proceder, en un período no mayor de tres años, a afiliar a toda la población trabajadora asalariada, con base en una triple contribución, de acuerdo al Artículo 38 de la Ley Orgánica del Instituto. Esta afiliación deberá incluir a todos los trabajadores asalariados, independientemente del número de laborantes que posea la unidad empleadora. Se incluyen en esta categoría a los y las trabajadoras en casa particular.
Para toda la población afiliada al régimen de seguridad social, la cobertura de beneficios y servicios del programa de maternidad, enfermedad y accidentes, deberá ampliarse hacia el núcleo familiar, para incluir, además del cotizante, a su cónyuge o conviviente, los hijos en dependencia económica hasta los 18 años de edad y los padres del cotizante que dependan económicamente de él, así como a los hijos con incapacidad permanente.
El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, Mario Rodolfo López Castillo comentó que el proyecto ha sido elaborado de forma técnica, la Universidad de San Carlos ha iniciado un proceso de validación y tras hacer los cambios pertinentes se someterá a la aprobación del Congreso. «He realizado un recorrido por algunos hospitales y me he dado cuenta de la situación en la que se encuentran, hoy tenemos que establecer instrumentos que permitan revalorar el trabajo que realiza el gremio de médicos», agregó.
Mientras tanto, el Presidente de la Comisión de Salud del Congreso, Roberto Kestler, dijo que el sistema de salud está colapsado, se le da mayor importancia a lo curativo y no lo preventivo y la gente se ve obligada a meterse la mano a la bolsa para pagar el control de su salud, por lo que se hace necesario un proyecto que regule el sistema, que cuente con el apoyo social por lo que planteó la necesidad de lograr un mayor consenso e incluir aspectos que han quedado relegados, como la descentralización de los servicios.