DESDE LA REDACCIí“N
Cientos de miles de indígenas y campesinos guatemaltecos están en pie de guerra para que el Estado derogue las licencias de explotación de minería y la operación de hidroeléctricas, convencidos de que afectan los recursos naturales y a las comunidades más pobres del país, según sus líderes.
«Guatemala es un país pluricultural y multilingí¼e donde la forma de vida no es el desarrollo minero o hídrico, sino que está basada en el equilibrio de la cosmología y cosmogonía, porque para nosotros la tierra es sagrada», afirmó Javier de León, líder del poblado de San Miguel Ixtahuacán donde explota oro la firma Montana, subsidiaria de la canadiense GoldCorp.
«El árbol y el agua son vida, protegemos la naturaleza porque nos da vida, nos alimenta, en cambio el oro no se come ni se bebe. La minería en ningún momento es sostenible ni nos trae desarrollo, al contrario sólo nos trae destrucción porque contamina el agua y mata la vida», argumenta.
De León asegura que la explotación de los minerales metálicos y no metálicos, además de acarrear «destrucción, también provoca conflictos sociales porque contamina las relaciones entre comunidades, como está comprobado en América Latina».
De acuerdo con De León, el uso desmedido de 250 mil litros de agua por hora que utiliza la firma ha afectado ocho manantiales que abastecen a las comunidades. Además, esa cantidad de agua es la que una familia dejará de recibir durante 22 años, asegura.
El líder es respaldado por la dirigente de la Asociación de Mujeres Indígenas Xincas de Santa María Xalapán, Lorena Cabnal, quien afirma que la explotación de minerales es «un saqueo, un despojo y una ofensa para la cosmogonía de los pueblos indígenas, que está basada en la balanza hombre-mujer-naturaleza».
«En Xalapán existen altísimos índices de analfabetismo y mortalidad, pero ya están autorizadas 15 licencias de exploración de metales y otras 16 están en trámite. Con todas esas empresas operando van a anular la existencia de vida» en esa región, lamentó.
Cabnal considera que el hecho de que casi la totalidad de licencias autorizadas estén en las regiones más pobres del país obedece a que es más fácil ingresar con «trampas ideológicas, como que ahora sí va a llegar el desarrollo, pero lo que llegará será la destrucción».
En los últimos días, organizaciones sociales, indígenas y campesinas han realizado protestas en la capital, bloqueos de carreteras y una caminata masiva de unos 40 kilómetros en contra de la construcción de una cementera.
Además, han realizado 38 consultas populares en las que se han manifestado más de 1,3 millones de personas mayores de edad y que han rechazado la construcción de hidroeléctricas y la explotación de minerales.
Sin embargo, esas consultas no son vinculantes pese a que están amparadas en el código municipal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por este país.
Datos del Ministerio de Energía y Minas indican que en el país se han concedido más de 416 licencias para la explotación de recursos metálicos (149) y no metálicos (161), así como materiales de construcción (106).
Asimismo, precisan que en concepto de regalías (1%) el Estado ha recibido por esas actividades 2,3 millones de dólares -de los cuales el 50% es entregado a las municipalidades-, así como 11,5 millones a través del Impuesto a la Renta.
POR EDGAR CALDERí“N
Redacción France Press