La gentil invitación que hicieron fiscales del Ministerio Público a los ministros, viceministros y directores generales que contrataron obra pública sin respaldo presupuestario, dando lugar al surgimiento de la pomposamente llamada deuda flotante, que no es más que un trinquete que merece castigo por el mal uso que se hace de los recursos públicos, evidencia el guante blanco que se utiliza para tratar los negocios de corrupción en Guatemala, puesto que esos funcionarios debieran ser conducidos pie con jeta, como se solía decir, para que se hagan responsables del pago de una deuda que no tiene fundamento legal y que, en la mayoría de casos, se constituyó mediante oscuras negociaciones con contratistas que eran compadre hablado.

No hay mucho donde perderse porque las normas presupuestarias y los mandatos legales son claros. No se puede contratar ningún proyecto para el que no exista asignación en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y por lo tanto, quien a sabiendas de esa expresa normativa contrata obligando al Estado, realiza un acto absolutamente nulo legalmente, por lo que cualquier compromiso que se derive de ese abuso de autoridad tendría que ser asumido en forma personal como responsabilidad del pícaro que suscribe el contrato.
 
 No hay en la Contraloría de Cuentas un mecanismo adecuado para verificar ni siquiera la calidad de la obra, lo que facilita que tras de la ilegalidad de los contratos, se construyan mamarrachos que se destruyen a la primera llovizna. Por cierto, muchos de los proyectos ejecutados en el marco de la llamada deuda flotante no pueden ser auditados porque simplemente ya no existe y culpan al invierno de la desaparición de los trabajos porque “se los llevó el agua”, lo cual termina siendo en extremo conveniente para funcionarios y contratistas porque así no queda huella del hueveo que hicieron.
 Y como la población ve el problema como si fuera totalmente ajeno a sus intereses, no existe una presión social suficiente para exigir el castigo que corresponde a los que hicieron crecer esa deuda a cambio de jugosas mordidas. La babosada de que los contratistas son víctimas inocentes de la anomalía en la función pública es una paja que no se cree nadie más que algún pendejo que cree aún que la luna es de queso. Todos los contratos fueron suscritos a sabiendas de que no existía asignación presupuestaria porque de haber existido la misma debió figurar de manera explícita y documento y eso lo sabe cualquier parvulario, por lo que la defensa oficiosa que se pueda hacer de los “pobres constructores” responde a otro tipo de intereses.
 
 Pero en honor a la verdad, hay que decir que tanto los pícaros funcionarios como los contratistas, pueden estar muy tranquilos porque la corrupción a esos niveles no es tema que interese en absoluto a los fiscales ni a los contralores. Entrarle a un alcalde es una cosa, pero tocarle los faroles al león con los que hacen los negocios más grandes en el país no llega a ser parte de la agenda de la fiscalización ni de la persecución penal porque, al fin y al cabo, hay chamarras que tienen que servir para tapar a todos y Dios guarde a quien pretenda romper la cadena de la impunidad en esas esferas donde está garantizado que el ladrón puede y debe gozar pacíficamente de su amasada fortuna.
 
 De suerte que, como todo queda en manos de la Contraloría de Cuentas y del Ministerio Público, podemos dar por sentado que tras la amable invitación que le hicieron a los sinvergüenzas que constituyeron la deuda flotante, les darán las gracias por las informaciones proporcionadas y los mandarán de vuelta a sus negocios para que sigan hartándose con el dinero mal habido.