Se firmó la paz, pero, ¿estamos en paz? ¿han cambiado las causas que motivaron el conflicto?

Una lucha se ha desatado en el sistema de justicia. El Ministerio Público ha iniciado (y reanudado) procesos en contra de los responsables de crí­menes durante la guerra interna, y a la vez, ha creado una Fiscalí­a para investigar los casos que afectan a los militares. Hasta acá, la búsqueda de justicia ha provocado una guerra polí­tica contra la gestión de Paz y Paz y ha reavivado, de forma jurí­dica, el conflicto.

Esto ya habí­a sido advertido por un grupo de personalidades que tuvieron participación activa en las negociaciones para la firma de los Acuerdos de Paz, quienes auguraban una lucha en los tribunales de justicia si se buscaban y procesaban a los criminales de guerra.

Claudia Paz y Paz, fiscal general y jefa del Ministerio Público, ha indicado que las ví­ctimas de los delitos que se cometen ahora en el año 2011, como las ví­ctimas que sufrieron violaciones a sus derechos humanos o a sus derechos en general en el perí­odo del conflicto, tienen el legí­timo derecho de exigir de las autoridades del sistema de justicia que se esclarezcan estos hechos y que los perpetuadores sean llevados a la justicia para que esta dilucide si son culpables o son inocentes.

La captura de varios militares retirados, quienes según las investigaciones llevadas a cabo por el MP, estuvieron detrás de las masacres cometidas durante el conflicto armado interno, ha provocado que se inicie una lucha en el sistema de justicia.

En respuesta, han existido acusaciones de militares retirados y en activo contra la fiscal Paz y Paz, así­ como a familiares de ésta, a quienes acusan de pertenecer a grupos clandestinos terroristas autodenominados “Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)” y el “Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)” como también, contra la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas –ORPA–.

Las acciones presentadas son: la del ciudadano estadounidense Theodore Michael Plocharski Rehbach; Estela de Mata viuda de Furlán, en la cual acusa a Enrique Paz y Paz (padre de la Fiscal General), Yolanda Colom Caballeros y Gustavo Porras Castejón y otros; y otra por Ricardo Méndez-Ruiz Valdés, sobre un secuestro del que fue ví­ctima en el año 1982, hecho del que acusa a 26 supuestos exmiembros de la extinta guerrilla.

Méndez Ruiz señala que estas son las primeras acciones y “sí­, es contra Claudia Paz y Paz”, por la arremetida de la fiscal; ella decidió desatar la cacerí­a contra los soldados, asegura. No fue nada improvisado, lo trabajamos junto con oficiales retirados de inteligencia, de otras especializaciones y en servicio activo. 

PRESAGIO

Manuel Conde Orellana, primer presidente de la Comisión de Paz del Gobierno de Guatemala, fue uno de los negociadores para la Firma de los Acuerdos de Paz, y argumenta “la reconciliación no admite venganza”.

Además, manifiesta que siempre estuvieron conscientes que una de las situaciones más difí­ciles en el postconflicto, serí­a el encuentro con la verdad de lo sucedido durante los más de 30 años de conflicto, razón por la cual, se pensó en mecanismos que nos permitieran conocer hasta donde fuera posible, la verdad, pero una verdad que sirviera para que los «errores y los horrores» cometidos tanto por el Estado como por los grupos guerrilleros, nunca se repitieran”.

Asimismo, que todo el dolor y el sufrimiento vivido por nuestra sociedad, en su mayorí­a por ví­ctimas inocentes o comprometidas bajo presión, no se volviera a dar entre hermanos guatemaltecos, indicó Orellana, ya que, el derecho a la verdad, trae consigo una obligación, saber qué hacer con la verdad que se conozca, ya que en nada contribuye llegar al final del túnel y ver la luz y que al ver la luz, ésta nos sirva para seguirnos golpeando.

Las persecuciones y señalamientos en el sistema de justicia se han desatado y ya lo habí­an augurado los negociadores de los Acuerdos de Paz.

Conde Orellana, estima que lo que ocurre en la actualidad, es algo que puede desatar nuevamente otro escenario de confrontación o conflicto, es respetable el derecho de una ví­ctima de pretender la justicia, pero en este caso, todo lo que se haga, debe de ser con absoluta responsabilidad, ya que, puede ser que sin quererlo, se utilicen ciertos casos, únicamente para «buscar el juicio del adversario del conflicto armado lo que serán, sin duda, acciones que no favorezcan la reconciliación ni la concordia”, manifestó.

En palabras del entrevistado, el sector militar se cansó de ser «piñata» de los que –viven bien de hablar mal– de los mercaderes del sufrimiento, de aquellos que buscan recursos fuera del paí­s, para confrontar a su paí­s.

“Hoy en dí­a, la más alta funcionaria del Ministerio Público, la Fiscal General de la Nación,  una mujer joven, inteligente, que parece hacer bien su trabajo, con tantas tareas y retos que cumplir, que en el momento del enfrentamiento armado era apenas una niña o una adolecente, que no tomó decisiones por sus parientes legales, hoy sea emplazada legalmente por una de las ví­ctimas del conflicto, quien ejerciendo su derecho, como lo ha dicho, lo hace, por no considerar justo lo que está sucediendo”.

“Esto en poco ayuda a crear un clima de conciliación y hermandad entre los guatemaltecos, una media justicia, siempre provocará una media injusticia, debemos de cuidarnos de corrientes extranjeras, que pueden venir del sur a Centroamérica,  que una vez más nos confronten y nos lleven a situaciones no deseadas”, finalizó Manuel Conde Orellana.

“PAZ SIN PAZ”

La firma de los Acuerdos de Paz en 1996 creó esperanzas en Guatemala de avanzar hacia una sociedad más justa en que las personas pudieran desarrollar su vida con tranquilidad. Sin embargo, el establecimiento formal de la paz no ha permitido a Guatemala alcanzar niveles significativamente mayores de desarrollo humano.

Rafael Espada, vicepresidente de la República, se pronuncia argumentado que “en realidad mi mensaje de hoy es un mensaje no de gobierno, sino del pueblo de Guatemala que hoy reclama que en Guatemala haya paz, la paz que todos queremos”.

“Aquí­ en este patio de la paz se firmó la intención de paz en Guatemala, no la paz, se terminó el conflicto armado y se hizo la recomendación de que en Guatemala tení­a que haber paz, pero no podemos estar en paz si no se respetan los derechos humanos de los seres en este planeta”.

Héctor Nuila, diputado de la Unidad Revolucionaria Guatemalteca –URNG–, expresa “de que se firmó la paz firme y duradera sí­ se firmó, que los gobiernos de Arzú, Portillo, Berger y Colom no hayan cumplido con los compromisos de Estado de los Acuerdos de Paz, eso es lo que hace falta que cumplan”.

En los cuatro gobiernos se han dedicado a manipular, a incumplir y hasta violar algunos acuerdos, en términos generales, dice el legislador.

Las reformas al Estado hacen falta impulsarlas, todo en materia de reformas al Estado y algunos aspectos de la sociedad en materia de derechos de los pueblos indí­genas, esta agenda está pendiente, así­ como aspectos socioeconómicos y situación agraria”, argumenta Nuila.

Aunque el congresista estima que polí­ticamente no hay una polí­tica represiva, sí­ existe una limpieza social. “Se ha avanzado en otros aspectos como que: no existe una polí­tica represiva de Estado, en términos polí­ticos, pero también es cierto que en el gobierno de Portillo y  Berger se implementó “la limpieza social” que continúa el gobierno de Colom”, asegura Nuila.

Se intentó obtener la postura de los integrantes de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala –Avemilgua–, sin embargo no respondieron a las llamadas telefónicas.

Entre 1960 y 1996 Guatemala vivió uno de los enfrentamientos armados más violentos y horrendos de América Latina. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (Comisión de la Verdad) en su informe “Guatemala Memoria del Silencio”, presentado en 1999, estimó que el saldo de muertos y desaparecidos en Guatemala llegó a más de 200 mil.

La Comisión señala que como parte de la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado de Guatemala se cometieron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales de mujeres, así­ como genocidio contra grupos indí­genas mayas. El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, CEH, explica que como parte de su estrategia, el Ejército de Guatemala identificó a los grupos mayas como aliados de la guerrilla y enemigos internos, y “con la intención de destruir a los grupos indí­genas”, eliminó a lí­deres comunitarios, cometió masacres y actos criminales contra hombres, mujeres y niños, así­ como torturas y actos crueles, inhumanos y degradantes para aterrorizar a la población y destruir la cohesión social.

A la guerrilla se le atribuye también algunos delitos, muchos de los cuales han motivado las recientes acciones legales, aunque no existe punto de comparación entre los crí­menes cometidos como parte de la guerra por el Ejército.
 
En décadas anteriores la violencia estuvo principalmente asociada con las dinámicas del conflicto armado interno produciéndose en los enfrentamientos entre las fuerzas  beligerantes y principalmente a través de las acciones de represión llevadas a cabo en contra de la población civil, primariamente del área rural. La violencia que sufre la sociedad guatemalteca hoy en dí­a, sin embargo, ya no responde a la misma configuración histórica.