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Cuando la sociedad guatemalteca emprendió a mediados de la década de los 80’s la transición del autoritarismo a la democracia, se consideró que los partidos polí­ticos, algunos ya activos en esa época y otros de reciente fundación al amparo de la apertura democrática, contribuirí­an de manera determinante a apuntalar el proceso democrático.

Han pasado 22 años -1984 2006- en los que las autoridades han convocado a doce procesos electorales de diversa í­ndole y durante esas dos décadas, los guatemaltecos hemos visto desfilar a cerca de 60 partidos polí­ticos, de los cuales 19 constituyen la oferta del presente proceso electoral.

Los inicios

En la década de los ochenta, cuando se emprende la transición hacia la democracia, la situación del paí­s era muy compleja, se viví­a una grave crisis polí­tica en la que se combinaron la lucha guerrillera y el descontento de las fuerzas polí­ticas que veí­an la continuación del modelo en el que la presidencia era reservada para un miembro de la élite militar imperante.

En marzo de 1983 el gobierno emitió tres decretos ley que según Jorge Mario Garcí­a Laguardia, se convirtieron en el origen jurí­dico del proceso de transición democrática: la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del Registro de Ciudadanos y la Ley de Organizaciones Polí­ticas, instrumentos legales que dieron paso a la instalación del TSE, a un proceso de empadronamiento intenso, a la conformación de comités pro formación de partidos polí­ticos y a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Según el constituyente Ví­ctor Hugo Godoy, en la ANC, hubo consenso por poner fin al autoritarismo y fomentar la apertura de espacios de expresión y organización, facilitando la formación de partidos polí­ticos, mediante un sistema abierto y pluralista.

La oferta electoral

En las elecciones de julio de 1984, cuando se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente participaron 17 partidos. La Democracia Cristiana capitalizó la mayorí­a de votos, obteniendo la primera mayorí­a y amplia representación. En 1985 ganó las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales, constituyéndose en la primera fuerza polí­tica del paí­s, seguida de Unión del Centro Nacional (UCN).

Según la politóloga Ligia Blanco, la DC ha sido el único partido con un mayor nivel de institucionalización en el paí­s. «Jugaron el papel de partido en la sociedad, fueron intermediarios, tuvieron programas de formación, estaban en todas regiones del paí­s y generaron bases sólidas». Sin embargo, asegura que después de haber gobernado la confrontación interna dividió a sus bases y la dirigencia dejó la institucionalidad y la vida partidaria, quedándose sólo con los lí­deres.

Después de haber sido la primera fuerza polí­tica, la DC perdió el poder en 1990 y pasó a brindar su apoyo -en la llamada «Triple Alianza»- al Movimiento de Acción Solidaria (MAS), fuerza polí­tica que con poca base partidaria llevó a la Presidencia a Jorge Serrano Elí­as. En esas elecciones surgen a la vida polí­tica, el Partido de Avanzada Nacional (PAN) el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y Unión Nacional (UN).

El PAN y el FRG nacen alrededor de dos figuras: ílvaro Arzú Irigoyen, alcalde de la ciudad y ex director del Instituto Guatemalteco de Turismo; Efraí­n Rí­os Montt, ex jefe de Estado y actual secretario general.

En 1990, el partido de la flechita impulsó la candidatura de Arzú a la Presidencia de la República, obteniendo el cuarto lugar en la contienda y 12 diputados al Congreso e integró coalición gubernamental junto al MAS, la DCG y el PSD. Su ascenso fue vertiginoso y en las elecciones legislativas de 1994, después de la depuración del Congreso, logró 24 diputados de 80 y en las comicios generales de 1995 ganó la Presidencia de la República con el mismo candidato Sin embargo, el ejercicio en el poder lo desgató y en 1999 solo logró 37 escaños de 113.

Desde su surgimiento hasta 1999, el FRG ha mantenido un crecimiento constante. En 1990, pese a que solo participó en las elecciones a diputados y alcaldes, obtuvo el 12% de los votos, en 1994 llevó al Organismo Legislativo a su lí­der, Rí­os Montt. En la primera vuelta de las elecciones de 1995 obtuvo el 22% y se constituyó en la segunda fuerza con representación en el Organismo Legislativo; en 1999, logró el 48% de los sufragios, la mayorí­a parlamentaria y asumió el poder en el 2000.

En las elecciones generales del 2003, el FRG perdió la elección presidencial , pero no obstante, el desgaste sufrido por los señalamientos de corrupción, obtuvo 43 escaños de 158 escaños y más del 50% de los gobiernos locales. Actualmente su fuerza polí­tica en el Congreso se redujo a 29 escaños, pero es considerado un bloque parlamentario importante en la toma de las grandes decisiones polí­ticas.

La década de los 90 se vio ensombrecida por el autogolpe impulsado por Serrano Elí­as, el PAN, el FRG y el Frente Democrático Nueva Guatemala, FDNG – organización en la que por primera vez participaron cuadros vinculados a URNG-, fueron quienes se disputaron el electorado.

Sin embargo, Ligia Blanco explica que descuidaron la institucionalidad y como resultado han ido perdiendo simpatizantes. «El FDNG desapareció, el PAN va en un proceso de desaparecer y en FRG quizá es un partido que se ha institucionalizado, pero no ha creado lí­deres intermedios, gira alrededor de una figura, de una persona, de una familia, no ha impulsado la democracia interna», afirmó. «Yo me pregunto qué sucederá en el momento que ya no esté el General».

En las elecciones generales de 1995 los partidos participantes fueron 26. Sin embargo, a inicios del 2000, luego de la cancelación de varios partidos que no lograron el 4% del voto en las elecciones de fines de 1999, solo 10 partidos funcionaban legalmente. Es decir, alrededor del 80% de los partidos sucumbió.

Esta situación, según lo explica la politóloga Blanco, obedece a que Guatemala no cuenta con un sistema de partidos polí­ticos estable como consecuencia de que no son instituciones que tengan organización a nivel nacional, con un trabajo permanente; sino por el contrario, surgen en el momento electoral. «Una institución es algo que tiene permanencia en el tiempo, tiene estructuras organizativas, filiales, se expande y eso no lo tienen en este momento los partidos», asegura.

Si se analiza el periodo democrático, encontramos que a lo largo de los últimos 20 años los partidos polí­ticos han tenido una breve existencia y son muy pocos los que se han convertido en organizaciones permanentes. En las elecciones de 2003 y tras la ruptura de í“scar Berger con el PAN, surgen tres pequeñas organizaciones que impulsaron la candidatura presidencial del hoy Presidente de la República.

En ese proceso, estaban inscritos 22 partidos polí­ticos que se disputaban 3,731 cargos de elección popular, de ellos 17 postularon candidatos a la presidencia y 186 comités cí­vicos electorales a alcaldes. «Estas elecciones consideradas por muchos como las más libres y democráticas de los últimos 60 años, también fueron las más acompañadas y observadas, tanto internacional como nacionalmente», según un estudio efectuado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES en Guatemala: Informe del Proceso Electoral 2003.

A pesar del número tan amplio de partidos, casi único en América Latina, en la práctica el sistema partidario ha ido configurándose con un perfil de pluralismo moderado. En cada una de las elecciones generales, más la elección a la ANC, al máximo 4 partidos han reunido en cada caso el 80 por ciento de los votos válidos. Esto ha derivado en que los partidos relevantes sean alrededor de 6, que son los que en definitiva han alcanzado representación parlamentaria: Democracia Cristiana, Movimiento de Acción Solidaria, Partido de Avanzada Nacional, Frente Republicano Guatemalteco, Unidad Nacional de la Esperanza y Gran Alianza Nacional (coalición de tres partidos polí­ticos).

Centros de estudios y análisis polí­tico y organismos internacionales se han dado a la tarea de analizar el proceso democrático y según sus conclusiones, existe una generalizada percepción en cuanto a que el sistema de partidos polí­ticos sufre una severa crisis, la que se ha ido agravando conforme pasa el tiempo, poniendo en riesgo la sostenibilidad del proceso de democratización del Estado y de la sociedad guatemalteca en el mediano y largo plazo.

En pro de la institucionalización.

Sin embargo, el Instituto holandés Multipartidario para la Democracia sostiene que es «a partir de la segunda mitad del año 2002 que se ve una tendencia a la institucionalización partidaria, lo que a la larga promoverí­a organizaciones estables y con efectiva capacidad de intermediación y por consiguiente comprometidos con la consolidación del sistema democrático en el paí­s».

Derivado de los resultados electorales de 2003, en el que la ciudadaní­a cruzó el voto, las fuerzas polí­ticas representadas en el Congreso han tenido que desarrollar capacidades para la concertación, el acuerdo y el compromiso, lo que si bien no siempre ha sido fácil ha sido positivo para la maduración del proceso polí­tico, sostiene en su análisis.

Ese fortalecimiento obedece, en parte, a factores internos y externos. Entre los primeros menciona la entrada en vigor, en el año 2002 del nuevo Código Municipal y las leyes de Descentralización y de los Consejos de Desarrollo, destinadas, entre otros objetivos, a promover una mayor participación y compromisos ciudadanos, lo que deriva en mayores exigencias para los partidos polí­ticos; así­ como las reformas a la Ley de Partidos Polí­ticos aprobadas en 2004 que se vení­an discutiendo desde 1998 en el contexto de la ejecución de los acuerdos de paz.

Los factores externos obedecen al apoyo decidido de la comunidad internacional para contribuir al enraizamiento de la democracia en Latinoamérica, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la Organización de Estados Americanos, OEA, el Instituto Holandés, entre otros.

La articulación de ambos factores, afirma el Instituto Holandés, ha influido en la generación de un cí­rculo virtuoso del desarrollo polí­tico partidario. El foro permanente de partidos polí­ticos ha contribuido a configurar, sobre todo en los dos últimos años, un sistema partidario más cooperativo y propositivo, propenso al diálogo, la concertación y el compromiso compartido.

Los análisis reflejan la realidad del sistema de partidos, la misión de quienes dirigen las organizaciones polí­ticas estriba en saber ser instituciones con organización, despliegue en todo el paí­s, impulsar un trabajo permanente y que no sea en el momento electoral que surgen y luego mueren, concluye Blanco.