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Al menos, ésa es una visión que se tiene dentro de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), luego de que el jefe de esta institución, Carlos Castresana, ofreciera su visión sobre la situación actual del paí­s.

Según el criterio de Castresana, los í­ndices de criminalidad se podrí­an disparar en próximos años, ya que se corre el riesgo de que los carteles mexicanos ingresen al paí­s. í‰stos se caracterizan por participar en actos ilí­citos con excesiva violencia.

Sin embargo, si existe un momento idóneo para bloquearles el paso, así­ como para empezar a combatir la criminalidad es ahora. A pesar de esta opinión, el paí­s carece de las herramientas básicas para el ataque contra la criminalidad organizada, aunque hay indicios de que se está trabajando para dotar a las fuerzas de seguridad de ello.

Castresana reconoció que al llegar al paí­s, se creí­a que el nivel técnico de los responsables de la investigación criminal era muy bajo, según la información que llegaba de Guatemala al exterior. Pero la realidad era mucho más cruda, ya que habí­a errores garrafales en la ejecución de las polí­ticas de la seguridad.

Por ejemplo, según relata el mismo Comisionado de la CICIG, cuando vino al paí­s para hacerse cargo de la institución, la comunicación entre el Ministro de Gobernación y el Fiscal General era nula, por lo que era casi imposible que las investigaciones criminalí­sticas avanzaran.

Por ello, la CICIG primero tuvo que servir de «mediadora» entre la Policí­a Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), porque la cooperación era cero. «Al menos ahora ya se hablan», comentó el comisionado.

Pero, además, al inicio fue darse cuenta de una serie de dolencias que tení­a el sistema investigativo, que abarca desde la PNC, pasando por el Organismo Judicial (OJ), y terminando en el Sistema Penitenciario (SP), sin dejar de lado al MP y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

CRIMEN ORGANIZADO

Castresana ha sido muy enfático en que la CICIG tiene un mandato de parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y no puede hacer más que ello. Esto significa que debe enfocarse en la lucha contra la impunidad.

Sin embargo, hay muchas aristas en las cuales se puede trabajar contra esto. Y una de ellas es enfocarse en los indicios del crimen organizado presentes en el paí­s.

Y para ello, expertos de la CICIG se han esforzado por encontrar los indicios de estos grupos dentro del territorio nacional. La delincuencia organizada no consiste en cualquier grupo que delinque de vez en cuando.

Según las convenciones internacionales, en especial la Convención de Palermo, el fenómeno de la delincuencia organizada debe abordarse desde una perspectiva más integral. Con la globalización, los grupos criminales se han «globalizado» también, por lo que es común hablar de la trasnacionalización del crimen.

Para comprender mejor el concepto de crimen organizado, se debe tener claro que éste funciona con los mismos criterios de una empresa. Se organiza con el fin de obtener beneficios y tiene una organización jerarquizada.

Pero, además de ello, también incluye dentro de sus caracterí­sticas la utilización de la extrema violencia para lograr sus fines. La violencia es el medio más eficaz para provocar la monopolización de una «actividad».

La corrupción es otra de las caracterí­sticas comunes de la delincuencia organizada, además de la cercaní­a sensible con el poder polí­tico, ya sea a través de sobornos o estando dentro de las estructuras del Estado.

También, el crimen organizado se apropia de las técnicas de la intimidación, y sus ganancias o beneficios son reinvertidos en negocios legales para lavar el dinero.

Tomando en cuenta esto, se debe evaluar qué fenómenos delincuenciales están siendo manipulados por la delincuencia organizada, y cuáles son delitos comunes.

De acuerdo con estos criterios, entonces, en Guatemala hay indicios de ciertas prácticas que podrí­an conducir a crimen organizado, como es el caso de las extorsiones y asesinatos a pilotos, por ejemplo, en donde se observa un patrón que indica la existencia de una organización.

MEDIDAS

Hasta el momento, las investigaciones de la CICIG ha logrado descifrar algunos fenómenos de criminalidad organizada, pero para poder atacarla hay que tomar en cuenta que hay algunas deficiencias que deben ser resueltas de inmediato, según los responsables de esta institución.

Hay algunos cambios que son a nivel interno de las instituciones del Estado, los cuales deben ser realizados a mediano plazo. Sin embargo, hay algunas medidas urgentes, ya que son herramientas básicas para el combate a la criminalidad.

En primer lugar, y tal como fuera anunciado dí­as atrás por el presidente ílvaro Colom, la introducción en enero de un sistema legal de escuchas telefónicas, las cuales deben ser autorizadas por juez competente, luego de conocer los indicios de que un teléfono podrí­a dar pistas sobre coordinaciones de movimientos criminales.

Para ello, se está preparando a un grupo especializado de agentes de la PNC y fiscales del MP, para que puedan capacitarse en escuchas telefónicas.

Y, siempre dentro del tema de la telefoní­a, es necesario combatir el robo de celulares, el «flasheo» y la entrega de teléfonos tarjeteros a personas que no se identifican. La razón es que al tener identificado al usuario de un número de celular, esto podrí­a servir de pista para la identidad de sospechosos.

En un segundo punto de las medidas, se debe establecer un eficiente sistema de protección de testigos. Una de las principales carencias del sistema de justicia, es que no se logra ligar a proceso -y mucho menos condenar- ya que no hay confianza en las personas para prestar su testimonio sobre crí­menes a los cuales fueron testigos.

Un programa sólido de testigos, que les permita la protección y la seguridad de bienestar, es necesario para que haya más condenas. Asimismo, se está solicitando al Congreso de la República que aprueben los testimonios en procesos por medio de videoconferencias, ya que de esa forma se puede proteger al testigo, sin necesidad de exponerlo.

Además, una ley de armas y municiones eficiente, que permita identificar a las 300 mil armas que se hayan sin control en el paí­s, y que ha provocado casi 4 mil asesinatos con arma de fuego.

Actualmente no existen pruebas de balí­stica, porque no se tiene información sobre las armas que hay en el paí­s.

Otra modificación, de la cual ya se vio una luz por parte del Organismo Judicial, es que los casos de alto impacto se conozcan en la ciudad capital, a través de un juzgado especializado. Esto servirí­a para que haya máxima seguridad en ciertos casos, como la narcomatanza de Zacapa y Huehuetenango, el bus calcinado con nicaragí¼enses y el Caso Parlacen.

Asimismo, se pide modificar la ley que prohí­be realizar cateos entre la seis de la tarde de un dí­a, y las seis de la mañana del siguiente, ya que esto impide sorprender a los grupos organizados. Y, por último, se solicita una cárcel de máxima seguridad que sea realmente funcional.

Pero, para ello, se necesita de un verdadero acuerdo nacional, en el que se involucren los partidos polí­ticos, los tres organismos del Estado, la comunidad internacional y la sociedad civil.